Más de mil millones de pesos comenzaron a comprometerse en las cuentas públicas por un fallo que favorece al ex vicegobernador Mario De Rege, quien demandó a la Provincia por laexpropiación de tierras afectadas al proyecto de la planta depuradora delíquidos cloacales con volcado cero. El impacto económico del caso convive con una discusión incómoda: un ex número dos del poder provincial litigó contra el Estado y obtuvo una compensación multimillonaria que terminarán afrontando todos los rionegrinos.

La sentencia del juez subrogante Leandro Javier Oyola fijó para la parcela principal de De Rege una indemnización de $749.942.433,18, a lo que se suman otros montos reconocidos en el expediente, intereses y costos asociados que empujan la cuenta por encima de los mil millones.

Pero no es sólo el monto lo que volvió a poner el caso bajo la lupa. De Rege fue durante años superintendente del Departamento Provincial de Aguas, el organismo que diseñó e impulsó la obra para la que después se dispusieron estas expropiaciones. Ese dato volvió a reactivar interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses.

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A eso se suman versiones, nunca despejadas públicamente y que sobrevuelan el caso, según las cuales las tierras habrían sido adquiridas poco antes de que avanzara o se hiciera público el proceso expropiatorio, una secuencia que alimentó sospechas políticas sobre si pudo haber existido conocimiento anticipado del proyecto. El expediente no se pronuncia sobre ese punto, pero la duda reaparece alrededor del fallo.

La discusión escala también por la condición de quien reclama. No fue un propietario cualquiera el que demandó y ganó, sino un ex vicegobernador de Río Negro, y ese dato instaló un debate que excede lo judicial: si resulta ético que un ex funcionario de ese rango obtenga una indemnización de esta magnitud financiada con recursos públicos.

Más todavía cuando el expediente muestra una brecha llamativa entre los valores de la tierra. La Junta de Valuaciones había estimado para ese inmueble un valor máximo indemnizatorio de $82,7 millones, mientras que la sentencia elevó ese monto a casi 750 millones. Esa diferencia quedó entre los puntos más sensibles del caso.

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Los honorarios reforzaron el impacto. Sólo para los abogados de De Rege, la regulación llegó a $157.487.910,96. A eso se suman montos equivalentes para la representación de la Provincia y $37,4 millones para la pericia agronómica.

Con ese cuadro, el expediente dejó de ser apenas una discusión sobre expropiaciones. Pasó a condensar tres debates en uno: el costo para el Estado, la ética de que un ex vicegobernador litigue y cobre del erario público, y las preguntas que sobrevuelan una operación ligada a un proyecto impulsado por un organismo que él mismo condujo.

Porque, más allá de que el fallo sea legal, quedó planteado un interrogante político que el expediente no clausura: si la Provincia terminó pagando una fortuna por una operación que todavía deja más preguntas que respuestas.

Con la tuya, la cuenta ya empezó a pagarse.