La discusión sobre la baja de la edad de punibilidad se abordó durante un encuentro que reunió en Viedma a organizaciones sindicales, sociales y referentes institucionales de toda la provincia. El eje de la convocatoria estuvo puesto en el rechazo a la reforma que establece la imputabilidad desde los 14 años y en la necesidad de fortalecer políticas públicas vinculadas a las infancias y adolescencias.

De las jornadas, tituladas “Adolescencias en el Centro. Baja de punibilidad y sistema de protección: ¿qué respuestas estamos construyendo?”, participaron representantes de ATE Río Negro, integrantes de organismos estatales, sectores judiciales y organizaciones sociales.

Desde el sindicato estatal cuestionaron el enfoque basado en el endurecimiento penal y señalaron que la reducción de la edad de imputabilidad no representa una solución a los problemas de seguridad. “Bajar la edad de imputabilidad es una receta vieja y fracasada que solo profundiza la exclusión y la violencia sistémica”, expresó Noemí Páez, vocal del Consejo Directivo Provincial de ATE Río Negro.

La dirigente sostuvo además que las adolescencias terminan siendo señaladas como responsables de problemáticas sociales más amplias. “No vamos a permitir que se use a los pibes como chivo expiatorio para tapar el desmantelamiento del Estado. El lugar de las infancias es la escuela y el barrio, nunca la cárcel”, agregó.

En la misma línea se pronunció la secretaria general adjunta del gremio, Leticia Lapalma, quien planteó la necesidad de avanzar en políticas públicas vinculadas a la prevención y el acompañamiento social. “Castigar no protege, no educa, no construye futuro. Lo que necesitamos son políticas públicas con derechos, con inversión en prevención, salud mental, educación y trabajo”, afirmó.

Durante las jornadas también se presentaron datos elaborados por SENNAF y UNICEF que, señalaron desde la organización, contradicen los discursos que asocian a adolescentes con delitos graves. De acuerdo con esas estadísticas, los homicidios cometidos por menores no alcanzan el 7%, mientras que el 56% de los conflictos con la ley penal juvenil corresponden a delitos menores contra la propiedad.

Otro de los puntos abordados fue la situación laboral del personal estatal que trabaja en áreas de niñez. Desde ATE advirtieron sobre el impacto de la pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral en las tareas de acompañamiento territorial. Según relevamientos del sindicato, el 64% de las y los trabajadores del sector debe recurrir al pluriempleo para sostener sus ingresos.

El encuentro concluyó con el planteo de mantener al gremio en estado de alerta y movilización, además de impulsar nuevas instancias de debate sobre políticas de protección integral. Entre los reclamos expuestos se incluyeron la derogación de la ley de baja de punibilidad, mayor presupuesto para las áreas de niñez y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la prevención, la educación y la inclusión social.