La eliminación de restricciones para la venta de tierras rurales a extranjeros en zonas de frontera y áreas estratégicas fue duramente cuestionado por la senadora rionegrina Ana Marks, luego del dictamen impulsado por  La Libertad Avanza y secrores aliados, al considerar que pone en riesgo la soberanía territorial y el control sobre recursos naturales estratégicos.

La iniciativa propone modificar puntos centrales de la Ley 26.737, sancionada en 2010, que estableció límites a la extranjerización de tierras rurales para resguardar recursos hídricos, territorios de frontera y áreas consideradas estratégicas para el país.

Para la legisladora, el proyecto promovido por el gobierno de Javier Milei avanza sobre mecanismos de protección construidos durante los últimos años y habilita una mayor concentración de recursos en manos extranjeras.

“El gobierno de Javier Milei continúa con su proyecto de entrega nacional pocas veces visto en nuestra historia democrática. Este dictamen no habla de inversiones: habla de saqueo, de pérdida de soberanía y de poner nuestros bienes naturales comunes al servicio de corporaciones extranjeras”, expresó Marks.

Durante el debate en comisión, la senadora solicitó la realización de una audiencia pública y reclamó que el tratamiento contemple mecanismos de participación previstos en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

La dirigente peronista entendió que la reforma “desmantela” herramientas de control y permitiría que lagos, ríos, acuíferos, bosques nativos y territorios con minerales críticos queden bajo dominio extranjero sin restricciones significativas.

En ese contexto, Marks volvió a mencionar la situación de Lago Escondido y recordó la disputa histórica por el acceso público a las tierras en manos del empresario británico Joe Lewis. “En Río Negro ya tenemos un lago secuestrado”, afirmó.

La senadora también relacionó el proyecto con otras medidas impulsadas por el Gobierno nacional vinculadas al RIGI, la actividad minera y la flexibilización de regulaciones sobre recursos naturales. “La Patagonia vuelve a ser vista como un territorio de sacrificio”, advirtió.

Otro de los puntos que cuestionó fue el esquema que traslada facultades regulatorias a las provincias para definir condiciones sobre la venta de tierras a extranjeros. Para Marks, eso podría derivar en una competencia entre jurisdicciones para flexibilizar controles ambientales y atraer inversiones.

“Le venden a las provincias un supuesto empoderamiento, pero en realidad las empujan a competir entre sí bajando estándares ambientales y resignando herramientas de control”, sostuvo.

La legisladora también expresó preocupación por los cambios previstos en las zonas de seguridad de frontera, al considerar que podrían habilitarse operaciones sobre territorios sensibles mediante acuerdos entre gobiernos provinciales y el Poder Ejecutivo nacional.

“Esto no solo pone en riesgo la soberanía territorial, sino que abre interrogantes muy serios sobre intereses geopolíticos y posibles enclaves extranjeros en áreas estratégicas del país”, afirmó.

Finalmente, Marks aseguró que desde el peronismo buscarán frenar el avance del proyecto en el Congreso y remarcó que la discusión excede el plano económico. “Defender la tierra, el agua y nuestros recursos naturales es defender el futuro del pueblo argentino”, concluyó.