La causa de los sobresueldos que investigó el pago de adicionales salariales a funcionarios del gobierno de Río Negro entre 2004 y 2010 ingresó este viernes en una nueva etapa. Con las condenas ya firmes por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Justicia provincial dispuso las medidas necesarias para avanzar en la ejecución de las penas impuestas a los exfuncionarios involucrados.

Luego de que se recibiera la notificación oficial de la resolución del máximo tribunal, el órgano judicial que dictó las condenas emitió órdenes dirigidas a la Policía de Río Negro para localizar y notificar a cada una de las personas alcanzadas por la sentencia. A partir de ese procedimiento, deberán presentarse ante la Justicia para quedar a disposición del proceso de ejecución de las penas.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que, en caso de que alguno de los condenados no comparezca voluntariamente, podrá ser trasladado mediante la fuerza pública. En ese marco, el exministro de Coordinación Francisco “Ringo” González fue uno de los primeros en presentarse por sus propios medios en la comisaría de Darwin pocas horas después de conocerse la decisión judicial.

La resolución de la Corte Suprema puso punto final a un proceso iniciado en 2011. El máximo tribunal declaró mal concedidos los recursos extraordinarios presentados por las defensas de los condenados al considerar que no cumplían con los requisitos de fundamentación autónoma ni rebatían todos los argumentos de la sentencia apelada. Con esa decisión quedaron firmes las condenas que habían sido dictadas en 2018 por la Cámara Criminal de Viedma y posteriormente ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Entre las penas más elevadas figuran las impuestas al exministro de Educación César Barbeito y al exministro de Coordinación Francisco González, ambos condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de peculado.

La sentencia también alcanzó a los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, quienes recibieron penas de dos años y seis meses de prisión. En la misma causa fue condenado además el extesorero provincial José Ongaro.

Los recursos extraordinarios rechazados por la Corte habían sido presentados por Barbeito, Ongaro, Larreguy, Accatino, Contreras, Pega, Uría y González. La decisión del máximo tribunal nacional dejó sin instancias de revisión las condenas y abrió formalmente la etapa de cumplimiento de las penas.

De esta manera, más de quince años después de los hechos investigados y tras un extenso recorrido judicial, la causa de los sobresueldos entró en su fase final, con los condenados ya convocados por la Justicia para iniciar el proceso de ejecución de las sentencias.