La posibilidad de que el caso llegue a la Justicia comenzó a tomar forma luego de la difusión de la falsa información que aseguraba la existencia de allanamientos en dependencias provinciales y en el entorno del gobernador Alberto Weretilneck, hechos que fueron desmentidos por el Gobierno de Río Negro.

En declaraciones realizadas este martes, el mandatario sostuvo que no existió "ningún allanamiento ni en Casa de Gobierno ni en ningún ministerio" y remarcó que tampoco hubo requerimientos de documentación o pedidos de información vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), uno de los elementos que aparecían mencionados en las versiones que circularon durante las últimas horas.

Weretilneck confirmó además que los equipos jurídicos de la Provincia analizan la posibilidad de impulsar acciones judiciales contra quienes difundieron la información. "Los abogados están viendo las condiciones", señaló, aunque aclaró que no suele recurrir a ese tipo de medidas por su respeto a la libertad de expresión y al trabajo de los medios de comunicación.

El gobernador diferenció las opiniones periodísticas de la difusión de información falsa. "Uno no puede confrontar la opinión. Si alguien piensa distinto, estamos en democracia y eso se acepta. Ahora, cuando se habla de la falsedad, cuando se habla de la mentira, y la mentira y la falsedad no corroborada, me parece que tenemos que accionar", expresó.

LEÉ TAMBIÉN

Una versión sin confirmar escaló en la agenda política y motivó una fuerte desmentida oficial

En ese marco, sostuvo que la situación no afecta el funcionamiento del Gobierno provincial y aseguró que las actividades previstas continuarán con normalidad. "Estos temas no nos golpean. Nos dan más fuerza todavía para seguir trabajando por un mejor Río Negro", afirmó.

Durante la misma intervención, Weretilneck vinculó la circulación de la noticia con una supuesta "operación política" y señaló que, a su criterio, el origen y la propagación de la versión pueden rastrearse en sectores vinculados al peronismo. No obstante, evitó identificar responsables concretos y dejó en manos de los abogados la evaluación de los pasos a seguir.

La polémica se produjo luego de que durante la noche del lunes comenzaran a multiplicarse publicaciones en redes sociales y portales digitales que daban por ciertos allanamientos que, según confirmó posteriormente el Gobierno provincial, nunca ocurrieron. El episodio sumó un nuevo capítulo este martes con la posibilidad de que la controversia trascienda el plano político y derive en una presentación judicial.