Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone establecer un régimen especial de prioridad y celeridad para los procesos judiciales y administrativos en los que una de las partes sea una persona mayor de 60 años. La iniciativa busca reducir los tiempos de tramitación y otorgar tratamiento preferencial a este tipo de expedientes.

La propuesta fue impulsada por el legislador Luciano Delgado Sempé, quien sostuvo que las demoras judiciales tienen un impacto diferente sobre las personas mayores y, en muchos casos, pueden impedir que lleguen a obtener una respuesta sobre reclamos vinculados con la salud, la vivienda o el patrimonio.

Entre las principales medidas previstas en el proyecto figura la prioridad en el despacho de las causas respecto de otros expedientes similares, la reducción a la mitad de los plazos procesales, siempre respetando las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, y la habilitación automática de días y horas inhábiles cuando la demora pueda afectar la salud, la integridad o la subsistencia de la persona involucrada.

La iniciativa también plantea acortar los plazos para solicitar y resolver los pedidos de pronto despacho e incorporar un sistema de identificación automática en la plataforma de gestión judicial PUMA, para que los expedientes que involucren a personas mayores sean detectados desde el inicio y reciban un tratamiento preferencial.

Delgado Sempé explicó que el proyecto se apoya en el artículo 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada al derecho argentino mediante la Ley Nacional Nº 27.360, que establece la obligación del Estado de garantizar un acceso efectivo y oportuno a la Justicia para este sector de la población.

"El tiempo no afecta a todos por igual. Para una persona mayor, una demora judicial puede implicar perder la posibilidad de ejercer un derecho en vida. La Justicia tardía deja de ser Justicia", sostuvo el legislador al fundamentar la propuesta.

Asimismo, señaló que el objetivo no es establecer privilegios, sino garantizar igualdad real de oportunidades para acceder a una resolución judicial en un plazo razonable. En ese sentido, consideró que, del mismo modo que existen mecanismos específicos para otros grupos en situación de vulnerabilidad, también resulta necesario contemplar las particularidades de las personas mayores.

Finalmente, Delgado Sempé afirmó que la iniciativa apunta a que ninguna persona vea frustrado el ejercicio de un derecho por la lentitud del sistema judicial. "La Justicia debe resolver los conflictos mientras las personas todavía pueden disfrutar de sus derechos. Cuando el fallo llega demasiado tarde, el daño ya está hecho. Con este proyecto buscamos que el tiempo deje de ser un enemigo de nuestras personas mayores", concluyó.