Los nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad que comenzaron a regir en julio reavivaron el debate sobre el costo de los servicios públicos. En ese escenario, la senadora nacional Ana Marks cuestionó la política energética del Gobierno de Javier Milei, al sostener que el esquema tarifario vigente traslada el peso de los incrementos a las familias mientras beneficia a las empresas del sector.

En ese marco, la legisladora afirmó que las explicaciones brindadas por el Gobierno nacional dejan en evidencia que las tarifas continuarán aumentando de manera mensual por decisión política. Según expresó, el mecanismo implementado "solo traslada el costo a los usuarios mientras las empresas incrementan sus ganancias", y consideró que la consecuencia es un crecimiento de la denominada pobreza energética.

Marks también puso el foco en la situación de Río Negro, al señalar que, pese a ser una provincia productora de gas y energía, muchas familias tienen dificultades para afrontar el pago de los servicios básicos. "Tenemos una provincia que produce gas y energía, pero nuestros vecinos y vecinas enfrentan enormes dificultades para sostener el pago de los servicios esenciales", indicó.

La senadora recordó además que impulsó una ley provincial destinada a limitar los cortes de servicios públicos esenciales para familias en situación de vulnerabilidad económica. En ese sentido, sostuvo que el acceso al gas y la electricidad debe ser considerado un derecho básico y que el Estado debe garantizar condiciones que permitan compatibilizar la rentabilidad empresaria con el acceso de la población a esos servicios.

Otro de los puntos abordados por la legisladora fue la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a millones de hogares. Marks anticipó que desde el Senado buscarán frenar esa iniciativa al considerar que perjudica especialmente a las provincias patagónicas y a otras regiones alcanzadas por el beneficio.

Asimismo, vinculó la política tarifaria con el desarrollo de los recursos energéticos del país. En ese sentido, cuestionó la implementación del RIGI y afirmó que las medidas impulsadas por el Gobierno favorecen la exportación de recursos naturales sin generar beneficios para quienes habitan las zonas productoras. También planteó la necesidad de promover una política energética orientada al desarrollo local y al agregado de valor.

Finalmente, la senadora sostuvo que es posible ordenar el sistema tarifario sin afectar las inversiones privadas. "Es necesario recuperar el equilibrio en las tarifas de los servicios públicos. Nadie plantea que las empresas dejen de ganar, pero es necesario que la amplia mayoría de argentinos y argentinas dejen de perder", afirmó. También aseguró que una política basada en la justicia fiscal y la justicia energética resulta compatible con el crecimiento económico y el desarrollo con inclusión.