Una mujer que permaneció prófuga durante un mes después de quitarse la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos continuará detenida con prisión preventiva por el plazo de un mes. La medida fue dispuesta luego de que fuera localizada y detenida en la vía pública, tras incumplir las condiciones impuestas para permanecer bajo control judicial.

Durante la audiencia realizada tras su detención, la Fiscalía sostuvo que la acusada había violado las medidas cautelares que pesaban sobre ella en el marco de una investigación iniciada en mayo por un episodio de lesiones leves y amenazas contra una vecina. La fiscal Mariana Giammona explicó que la mujer se retiró el dispositivo de monitoreo satelital y permaneció con paradero desconocido entre el 12 de junio y el 14 de julio de 2026.

La investigación se originó por un hecho de violencia vecinal en el que la imputada fue acusada de arrojar un ladrillo contra otra mujer y de amenazar con incendiar su vivienda. Al formularle cargos, la Justicia había fijado un plazo de cuatro meses de investigación y ordenó el uso obligatorio de una tobillera con GPS, administrada por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME).

La detención se concretó este martes, cuando personal de la Policía de Río Negro logró identificarla y arrestarla en la vía pública. Al momento del procedimiento, la mujer ya no tenía colocado el dispositivo de rastreo, situación que la Fiscalía consideró una desobediencia a una orden judicial y un indicador de que no existía voluntad de someterse al proceso.

Durante la audiencia, la defensora oficial María Paz Álvarez solicitó que la imputada cumpliera una prisión domiciliaria, argumentando la falta de cupos en los establecimientos penitenciarios de la provincia. Sin embargo, la Fiscalía pidió que se revocara la medida de control que había sido otorgada inicialmente y reclamó su alojamiento en un complejo carcelario.

Finalmente, el juez de Garantías Guillermo Martín González Sacco rechazó el planteo de la defensa y dispuso la prisión preventiva por un mes en un establecimiento penitenciario. El magistrado entendió que la acusada no reunía las condiciones para acceder nuevamente a una modalidad domiciliaria, al considerar que ya había incumplido las obligaciones impuestas por la Justicia.