La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la ley que crea el Régimen de Ingreso del Personal Temporario a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, una norma que permitirá regularizar la situación laboral de agentes del Poder Ejecutivo que desempeñan funciones permanentes en distintas áreas del Estado. La iniciativa alcanza a quienes mantienen una relación laboral iniciada hasta el 31 de diciembre de 2025 y hayan prestado servicios de manera ininterrumpida hasta su incorporación.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, fue defendido en el recinto por el legislador oficialista Lucas Pica, quien planteó que la medida debe analizarse dentro de las políticas aplicadas en los últimos años para el empleo público. Indicó que el régimen no implica nuevos ingresos ni un aumento de la masa salarial, sino que otorga estabilidad a trabajadores que ya cumplen funciones permanentes. Además, remarcó que la incorporación será voluntaria para quienes reúnan los requisitos establecidos.

La norma dispone que el personal deberá acreditar idoneidad mediante una evaluación, cumplir con las condiciones de ingreso previstas en la legislación vigente, contar con informe favorable del área de recursos humanos, aprobar el examen preocupacional y, cuando corresponda, acreditar aptitud psicofísica. También crea una Comisión Ejecutiva Central, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las organizaciones gremiales, que actuará como autoridad de aplicación. El Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días hábiles para reglamentar la ley.

El debate se desarrolló con la presencia de trabajadores y representantes de ATE en las gradas del recinto. En el cierre de la discusión, el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, sostuvo que la ley garantiza estabilidad a quienes prestan servicios de manera permanente y afirmó que el crecimiento de hospitales, escuelas y otros edificios públicos requiere personal para sostener la prestación de los servicios estatales.

La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios. Desde Vamos con Todos, Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Luciano Sempé y José Luis Berros acompañaron el proyecto y señalaron la necesidad de seguir mejorando las condiciones laborales y salariales del sector público. En la misma línea se pronunciaron Fernando Frugoni, Roberta Scavo y Javier Acevedo, de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos; Ariel Bernatene y Lorena Matzen, por la UCR; y Leandro García y Daniel Belloso, del Partido Justicialista–Nuevo Encuentro.

También votaron a favor Luis Noale (JSRN), Elba Mansilla (Primero Río Negro), quien propuso fijar un plazo específico para la adhesión voluntaria al régimen, y Juan Martín (Pro Unión Republicana), que pese a cuestionar el procedimiento legislativo confirmó el acompañamiento de su bloque por considerar que la medida beneficia a trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado.

En contra se pronunciaron Gabriela Picotti, Daniel Sanguinetti, María Patricia Mc Kidd, Martina Lacour, Santiago Ibarrolaza, César Domínguez y Claudio Doctorovich. Entre los argumentos expuestos señalaron el escaso tiempo destinado al tratamiento del proyecto, la falta de precisiones sobre la cantidad definitiva de trabajadores alcanzados, la ausencia de un informe de impacto fiscal y la necesidad de reforzar las garantías vinculadas con la evaluación e idoneidad previstas por la Constitución provincial.

Durante la discusión hubo coincidencias entre distintos bloques respecto del rol que cumplen los trabajadores estatales en áreas como salud, educación, seguridad, desarrollo social, infraestructura y administración general. En ese marco, la mayoría de las intervenciones sostuvo que la ley no amplía la estructura del Estado, sino que regulariza la situación de agentes que desde hace años desempeñan funciones permanentes en la administración pública.

Con la aprobación de la iniciativa, quedó sancionado el nuevo régimen que habilitará el ingreso a planta permanente del personal temporario que cumpla los requisitos previstos, con el objetivo de otorgar estabilidad laboral y ordenar la situación de quienes ya desarrollan tareas permanentes dentro del Estado provincial.