La aprobación del régimen que permitirá el pase a planta permanente de unos 4.200 trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo cosechó un amplio respaldo en la Legislatura de Río Negro, aunque varios bloques que acompañaron la iniciativa aprovecharon el debate para exponer cuestionamientos sobre la situación salarial, las condiciones laborales y el contexto político en el que fue impulsada la medida.

Desde Vamos con Todos, el acompañamiento tuvo fuertes críticas al Gobierno provincial. La bancada sostuvo que la estabilidad laboral constituye un derecho constitucional y no una concesión, pero consideró que la decisión fue impulsada con tres años de demora y en un contexto electoral. La legisladora Magdalena Odarda afirmó durante la sesión que la estabilidad en el empleo público es un derecho reconocido por la Constitución Nacional y advirtió que no debe depender del calendario electoral.

El presidente del bloque, José Luis Berros, planteó que el pase a planta debe ser el inicio de un proceso más amplio para mejorar el funcionamiento de hospitales, escuelas y organismos públicos, mientras que Ayelén Spósito señaló que el salario real de los trabajadores estatales acumula una caída de entre el 20 y el 25 por ciento desde 2023. En la misma línea, Luciano Delgado Sempé reclamó avanzar sobre otras formas de precarización laboral, como las contrataciones mediante horas cátedra, y pidió regularizar componentes salariales que actualmente se pagan de manera no remunerativa.

Además, Vamos con Todos reclamó que el proceso de incorporación a planta permanente se realice con transparencia y sin condicionamientos políticos, y volvió a cuestionar las políticas de control sobre el personal estatal, al considerar que la estabilidad laboral también constituye una herramienta para prevenir situaciones de violencia y persecución en el ámbito laboral.

Por su parte, la Unión Cívica Radical también respaldó la iniciativa. El legislador Ariel Bernatene sostuvo que detrás de cada contrato existen trabajadores y familias que durante años desempeñaron tareas permanentes, muchas de ellas en áreas esenciales como salud, educación, desarrollo humano, obras públicas, energía y ambiente.

El dirigente radical destacó que la ley reconoce una situación laboral ya existente y fortalece la administración pública al brindar previsibilidad a quienes desarrollan una carrera dentro del Estado. Al mismo tiempo, remarcó que el ingreso no será automático, ya que deberán cumplirse los requisitos de idoneidad, evaluaciones de desempeño, aptitud psicofísica y los controles previstos por la normativa vigente. En ese marco, afirmó que la estabilidad laboral debe convivir con una administración pública profesional, transparente y basada en reglas claras.

Desde el bloque Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, el respaldo estuvo acompañado por cuestionamientos al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. El legislador Leandro García sostuvo que toda iniciativa que amplíe derechos laborales merece acompañamiento, aunque consideró que el debate no puede separarse de la situación económica que atraviesa el sector público.

Durante su intervención, García atribuyó la pérdida del salario real a las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que el empleo público fue utilizado como una variable de ajuste. También advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento entre las familias trabajadoras y señaló que, en ese contexto, la estabilidad laboral representa un avance, aunque insuficiente para resolver los problemas económicos que enfrentan miles de empleados públicos.

En esa línea, el bloque integrado por Daniel Belloso, Luis Ivancich, Alejandra Más y Leandro García vinculó la situación financiera de la provincia con el recorte de recursos nacionales y recordó que presentó proyectos para crear un sistema de protección frente al endeudamiento familiar y regular los descuentos por planilla aplicados sobre los salarios de los trabajadores estatales. Finalmente, García sostuvo que el pase a planta brinda certidumbre laboral, pero insistió en que también son necesarias políticas destinadas a recuperar el salario y atender el nivel de endeudamiento que afecta a las familias rionegrinas.