Río Negro registró 613 denuncias por situaciones de violencia de género y 52 detenciones vinculadas con estos hechos entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026. Los datos oficiales permiten conocer la distribución territorial de las denuncias y forman parte de un relevamiento solicitado por una legisladora provincial.

La información fue obtenida por Ayelén Spósito a través de un Pedido de Informes dirigido al Ministerio de Seguridad y Justicia y a la Jefatura de la Policía de Río Negro. El requerimiento quedó registrado bajo el expediente N.º 766/2026 y la respuesta ingresó a la Legislatura el 24 de septiembre.

El Bolsón encabezó el registro de denuncias, con 131 casos. Le siguieron Bariloche, con 78; General Roca, con 52; Viedma, con 49; Cinco Saltos, con 47; Maquinchao, con 44; Cipolletti, con 43; y San Antonio Oeste, con 36. El informe también contiene datos sobre las medidas de protección controladas por las dependencias policiales, entre ellas prohibiciones de acercamiento y contacto, exclusiones del hogar y otras medidas cautelares. Además, incluye información sobre las capacitaciones brindadas al personal policial en materia de violencia de género y violencia familiar.

Spósito consideró que contar con los registros oficiales es un primer paso, pero sostuvo que la información debe traducirse en decisiones concretas. “Estos números tienen que obligarnos a actuar. No podemos naturalizar que cientos de personas tengan que recurrir al Estado porque están atravesando situaciones de violencia y después limitar la respuesta a registrar una denuncia”, afirmó.

La legisladora también planteó la necesidad de que el Poder Legislativo ejerza el control de las políticas públicas y pueda evaluar cómo funcionan los mecanismos de intervención estatal. “Pedimos estos datos porque necesitamos saber qué está pasando en Río Negro y cómo está respondiendo el Estado. No alcanza con discursos ni con buenas intenciones: necesitamos información, evaluación y políticas públicas que den respuestas concretas”, expresó.

En ese marco, Spósito anticipó que trabaja en una propuesta legislativa para fortalecer la prevención, el seguimiento y la asistencia frente a las violencias por motivos de género. La iniciativa tomará como insumo los datos oficiales obtenidos mediante el pedido de informes.

“La información que obtuvimos no puede quedar archivada en un expediente. Vamos a analizarla y convertirla en una herramienta legislativa”, señaló. También sostuvo que conocer dónde se registran las situaciones debe servir para discutir qué medidas pueden mejorar la respuesta del Estado.

Spósito remarcó, además, que detrás de cada registro hay una persona que atravesó una situación de violencia y necesitó recurrir a las instituciones. “Por eso estos 613 casos no pueden ser solamente una estadística. Son 613 señales de alerta que nos exigen fortalecer la prevención, mejorar el seguimiento y garantizar respuestas efectivas”, afirmó.

La legisladora sostuvo que el desafío es avanzar hacia una política pública que no se limite a actuar después de que ocurre un hecho, sino que también pueda anticiparse y acompañar a quienes atraviesan estas situaciones.

“El Estado tiene que llegar antes, acompañar durante y responder cuando la violencia ocurre”, expresó Spósito, quien planteó que los datos deberán servir para discutir medidas concretas destinadas a mejorar la protección en toda la provincia.