Jubilados de Río Negro: estiman una pérdida de $161.886 millones por el congelamiento del bono

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que 60.587 personas jubiladas de la provincia perciben la mínima con bono o menos. La pérdida individual acumulada entre abril de 2024 y septiembre de 2026 se estima en casi $2,7 millones

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El congelamiento del bono previsional en $70.000 generó una pérdida acumulada estimada de más de $161.886 millones para jubilados y jubiladas de Río Negro que perciben los haberes más bajos. El impacto alcanza, de acuerdo con una proyección basada en datos nacionales, a unas 60.587 personas de la provincia.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza el impacto de las políticas previsionales nacionales desde fines de 2023, con información actualizada a septiembre de 2026. El relevamiento contabiliza en Río Negro 121.812 personas jubiladas, de las cuales 88.572 son beneficiarias del PAMI. El universo de jubilados representa el 16,2% de la población provincial tomada como referencia.

Uno de los principales puntos del estudio es el congelamiento del bono extraordinario previsional, que permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. El informe calcula que, si ese refuerzo hubiera acompañado la evolución del haber jubilatorio, su monto sería considerablemente superior al actual.

La diferencia acumulada entre abril de 2024 y septiembre de 2026 representa una pérdida estimada de $2.671.956 por jubilación. Para calcular el impacto provincial, el CEPA tomó como referencia que el 49,74% de los jubilados nacionales percibe una jubilación mínima con bono o menos y aplicó esa proporción a Río Negro.

De esa manera, estimó que 60.587 jubilados y jubiladas rionegrinos se encuentran en esa situación. Al multiplicar esa cantidad por la pérdida individual calculada, el resultado supera los $161.886 millones para el conjunto de beneficiarios alcanzados.


La jubilación mínima perdió poder adquisitivo

El estudio también compara la evolución de los haberes con la inflación de la región Patagonia, utilizando los datos del INDEC. La medición muestra que la jubilación mínima con bono tuvo, en el promedio de julio a septiembre de 2026, un poder adquisitivo 18,9% inferior al registrado entre septiembre y noviembre de 2023.

En el caso de la jubilación mínima sin bono, la caída respecto de ese mismo período de referencia fue del 1,1%. La comparación utiliza promedios trimestrales para contemplar la dinámica de la anterior fórmula de movilidad jubilatoria.

La diferencia entre ambos resultados refleja el peso que tiene el refuerzo extraordinario para quienes cobran los haberes más bajos. Al permanecer fijo en $70.000, el bono pierde capacidad de compra a medida que aumentan los precios.


También advierten por la eliminación del reintegro del IVA

Otro de los aspectos abordados por el CEPA es la eliminación del régimen de reintegro del IVA para jubilados y pensionados, que había sido implementado como una herramienta para mejorar el poder de compra de los sectores de menores ingresos.

El mecanismo permitía recuperar automáticamente el 21% del valor de las compras alcanzadas realizadas con tarjeta de débito, dentro de las 48 horas y con un tope mensual. No requería trámites adicionales y funcionaba como un complemento de los ingresos previsionales.

El informe estima que, a septiembre de 2026, el universo de jubilados y pensionados que perciben hasta tres haberes mínimos alcanzaba a 5.079.954 personas a nivel nacional. Ese límite equivalía entonces a ingresos de hasta $1.285.900. La eliminación del reintegro, plantea el estudio, significó la pérdida de un mecanismo de compensación para millones de adultos mayores, que utilizaban ese beneficio para sus compras cotidianas.

En sus conclusiones, el CEPA sostiene que el congelamiento del bono y la pérdida de poder adquisitivo de los haberes redujeron los ingresos disponibles de quienes cobran las jubilaciones más bajas. También advierte que ese impacto puede trasladarse al consumo de las economías locales, especialmente porque una parte importante de esos ingresos se destina a alimentos, medicamentos y servicios esenciales.

En Río Negro, el informe dimensiona ese efecto a partir de dos datos centrales: más de 121.800 personas jubiladas y una pérdida agregada estimada de $161.886 millones por el congelamiento del bono para el grupo que percibe la mínima con refuerzo o menos.

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