En un comunicado la diputada señala: "Es muy claro el objetivo que se persigue con esta maniobra: torcer la balanza de la opinión del electorado a favor del candidato de la oposición, quien es sin dudas el alma máter de toda esta operación.
Pero más allá de lo que tiene que ver con lo estrictamente electoral, estoy convencida que esta tan clara maniobra asociada entre algunos sectores políticos y una pequeña parte de la Justicia, es un atentado directo contra la gobernabilidad en la provincia, situación que debe causar mucho temor en la sociedad que ve cómo se avasallan las instituciones de esta manera.
La manifiesta intencionalidad política del accionar de esta minoría de la Justicia en sociedad con la oposición es tan evidente que hasta el magistrado a cargo ha omitido seguir los carriles correspondientes, como los pedidos de desafuero a funcionarios y candidatos imputados, por sólo citar alguno de ellos. Incluso, esa causa está viciada desde su propia génesis, cuando el legislador Martín Soria la entregó en mano a la procuradora Liliana Piccinini obviando el sorteo de los fiscales, seguramente para asegurarse que “cayera en buenas manos”.
Llama la atención que no se haya tenido la misma celeridad para analizar la situación del fiscal Marcelo Alvarez, sobre quien pesa una denuncia por privación ilegítima de la libertad en un procedimiento, por citar un ejemplo también.
Desde el inicio mismo de la investigación, los funcionarios del Gobierno se pusieron a disposición de la Justicia para tratar de transparentar toda la situación, con lo que se ha demostrado la voluntad de llevar tranquilidad a la sociedad respecto de esta insólita y mediática denuncia.
No obstante, no deja de sorprender la decisión del fiscal y el juez de requerir la declaración indagatoria pocos días antes de la elección general de los integrantes del Gabinete y varios candidatos a cargos electivos, incluso a Gobernador por la Concertación, constituyéndose en un golpe artero al oficialismo, fundamentado seguramente en la requisitoria del principal beneficiario de esta medida, el candidato del Frente para la Victoria.
Creo, sin dudas, que esta utilización de la Justicia con fines electorales daña sensiblemente nuestra institucionalidad y la gobernabilidad de Río Negro, por lo que no puedo hacer más que condenarla".