Lo hicieron en el marco de una marcha que ayer se realizó en Viedma, con motivo de recordarse cuatro años del asesinato del joven viedmense Atahualpa Martínez.
En un petitorio dirigido al gobernador señalan que “nos comprometemos en su lucha y en la exigencia de plantear cambio de fondo que hagan cesar este estado de injusticia e impunidad que impera en nuestra provincia”.
”Somos víctimas de crímenes de lesa humanidad, que han sido con la misma estructura sistemática de encubrimiento que el crimen de Atahualpa. Este estado prolongado de las cosas, constituye un “grave hecho de interés público”, que nuestra Constitución Provincial pone en dominio del Poder Legislativo para su investigación y pronto remedio”, expresaron.
A pesar de los innumerables crímenes impunes “nunca ha habido responsables policiales, políticos o judiciales en decenas de años de asesinatos. Tapar el cielo con las manos es, además de hipócrita, destructor de una verdadera democracia e impide la civilizada convivencia”.
Atahualpa: 4 años sin justicia
Los familiares de Atahualpa y la Comisión Atahualpa difundieron un documento en el que resumen su pensamiento sobre el crimen y lo que sucedió hasta la actualidad.
“El 15/06/2008 Atahualpa Martinez Vinaya fue encontrado muerto –asesinado de un disparo en la espalda- a las afueras de la ciudad de Viedma.
Desde los primeros momentos de aquella fatal mañana de domingo del día del padre, su familia, de modo incansable ha pretendido y buscado verdad y justicia. Saber que pasó con Ata, averiguar quién o quienes lo asesinaron y pretender su castigo, fue la pretensión de familiares, amigos y personas que sin serlo se comprometieron con esos objetivos.
Pero en el transcurso de esa búsqueda se fueron sucediendo un sinnúmero de dificultades que en mayor o menor medida contribuyeron y aún contribuyen con el estado actual de la causa: la impunidad.
Durante cuatro años luchamos contra ella, priorizando ante todo el normal curso de la investigación, intentando no entorpecerla, y en esa prioridad mantuvimos respetuoso silencio respecto de diferentes situaciones que se fueron sucediendo.
Hoy, a cuatro años de ese día que cambió las vidas de muchos para siempre, pretendemos hacer públicas muchas de las situaciones con las que nos hemos encontrado, en el convencimiento de que, si bien algunas son propias de la investigación del asesinato de Ata y no pueden compararse con otros procesos, mucha otras –quizá la mayoría- se repiten aún hoy, y por lo tanto siguen existiendo como obstáculos a la verdad y de las cuales, muchos ciudadanos de Río Negro son o pueden ser afectados por ellas.
Es por esa razón que en este aniversario pretendemos dar a conocer aquellos aspectos de la investigación que entendemos no nos beneficiaron, o directamente nos perjudicaron, de modo tal que sirvan como testimonio de lo que no debe ser, de lo que cualquier ciudadano puede tener que padecer como desgracia adicional a la ya trágica situación que importa el asesinato de un ser querido.

Los primeros días: El 15/6/2008 fue domingo, y el día 16, feriado nacional. A partir del martes 17 la Fiscal de la causa fue enviada, por disposición de la Procuración General , a participar de un curso en la ciudad de San Carlos de Bariloche, reintegrándose a sus funciones el día 20/06.
Durante los días 15 y 16 trabajó en la causa la fiscal Daniela Zágari, y fue subrogada desde el 17 al 20 por el fiscal Ricardo Falca. Recien el 20/6 la Dra. Zagari ordena el relevamiento del último lugar donde fue visto Atahualpa, el pub Miloka. Desconocemos por qué esa medida no fue dispuesta previamente, pero sí supimos luego que el dueño de dicho pub había estado casado con la hermana del fiscal que subrogara a la Dra. Zagari. No obstante ello, el pub en cuestión no fue allanado y el interior de sus instalaciones fueron revisadas tanto por personal de la Gendarmería Nacional y por la División Canes de la Policía de Río Negro, recién en junio de 2009.

La autopsia: La autopsia del cadáver de Atahualpa fue realizada por personal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Río Negro. Sus primeras conclusiones fueron incompletas, escasas en cuanto a sus datos, y sin respetar los protocolos básicos que esa práctica exige. Se documentó escasamente el momento, con pocas fotografías, y radiografías incompletas del cuerpo, lo que impidió a posteriori reconstruir información que podría ser de importancia. De hecho, la propia Fiscal requirió a la profesional interviniente que diera razones respecto de la escasa información que había generado. En etapas posteriores de la investigación, no contar con toda la información, resultó un importante inconveniente respecto de las hipótesis de lo acontecido. Desde donde sabemos, las condiciones técnicas y profesionales de ese cuerpo no han variado hasta la actualidad, a pesar de haber requerido por escrito esta información a la Procuración General.
La actuación de la Policía : Obviamente la Policía ejerce un rol fundamental en toda investigación de hechos delictivos, ya que constituyen el recurso humano de investigación en la calle, son quienes ejecutan las órdenes impartidas por el Poder Judicial y la mayoría de las veces, los primeros en acceder a la información de los acontecimientos.
Las primeras imágenes tomadas por el personal de criminalística de la Policía de Río Negro, daban cuenta de que Ata había sido encontrado en una determinada posición. Con la llegada de personal de Gendarmería y la reconstrucción con testigos de los primeros momentos del hallazgo, se pudo determinar que el cuerpo de Ata había sido cambiado de posición y que lo documentado por el Gabinete de Criminalística no coincidía con lo observado por el primer testigo que dio cuenta del hallazgo.
Es de destacar que luego de que el testigo hizo mención de este hecho, denunció (pocos días después) que su casa había sido atacada a balazos durante la noche.
Una acción importante fue que se dispusiera, por parte de la Secretaría de Seguridad de la Provincia , la afectación de personal policial específico de modo exclusivo a la investigación de esta causa, bajo las órdenes directas y exclusivas de la Fiscal de la causa, recayendo esta responsabilidad en el comisario Sosa.
Uno de los pilares de toda investigación es, sin duda alguna, la confianza que debe existir entre quien dirige la investigación –Fiscal- y la policía que obtiene datos de campo y ejecuta órdenes de aquella. Pues bien, ese vínculo fue definitivamente afectado de modo negativo cuando el Secretario de Seguridad –Victor Cufré-, luego de haber efectuado declaraciones públicas en medios periodísticos sosteniendo que la Justicia tenía toda la información como para resolver el caso, señaló que durante el curso de la investigación el comisario Sosa le informaba de los avances de la investigación.
Este último se encargó de desmentir ante la familia de Ata que esto hubiese ocurrido, pero lo concreto es que la sola afirmación de que ello hubiese ocurrido determinó la ruptura de un vínculo de confianza imprescindible para el curso de la investigación. A la fecha, el comisario Sosa adeuda la presentación de un informe final de investigación, prometido a la familia hace más de un año.
En el devenir del curso de la investigación, existieron otras intervenciones policiales que conspiraron contra su buen curso. Así, durante las primeras horas posteriores a la noticia de la muerte de Ata, se comunicó a la familia que un alto jefe policial de Viedma estaría dispuesto a dar información a cambio de la no realización de una marcha, situación que luego fue negada por quienes propiciaron esa comunicación. También, luego de trabajosos encuentros, personal policial que trabajara bajo las órdenes del entonces Comisario Hermosa brindaron nombres de eventuales responsables y móviles, que si bien inverosímiles, obligaban a investigar para descartar la versión. Incluso la propia madre de Ata fue convocada a una reunión en las oficinas de la Secretaría de Seguridad de calle Zatti y Mitre de Viedma, para recibir de boca de un subsecretario de esa Secretaría la noticia de que contarían con un testigo presencial del hecho.
Ninguno de estos datos fueron aportados por las autoridades a la Justicia, y fue la propia familia la que, a través de presentaciones ante la Fiscalía que obran en el expediente, fueron comunicando todos y cada uno de estos hechos.
Claramente, la totalidad de estas circunstancias dan cuenta de la dificultad que existe en poder confiar en el accionar que la Policía de Río Negro tuvo con esta causa, por un lado, y por el otro, evidenciar que en definitiva y hasta tanto no exista una policía judicial, o personal técnico y de investigación que no dependa jerárquicamente de las fuerzas de seguridad y se encuentre al servicio y dirección de los agentes Fiscales, resultará difícil esclarecer hechos complejos.
Estas intervenciones que relatamos, sumado al cerrado silencio existente en la ciudadanía respecto de este tema, donde no ha existido un solo testigo que brindara información certera respecto de lo acontecido la noche del 15/06/08, nos obligan a no ser inocentes en las conjeturas y pensar que el miedo tiene cómplices poderosos”.