Las trabajadores se desempeñan para una empresa privada que contrató esa cartera, pero ante el incumplimiento de la misma recurrieron a las autoridades del organismo donde realizaban diariamente sus tarea.

En total son 16 las damnificadas en Economía, quienes denunciaron que el propietario de la firma, Diego Sebastián Ríos, no responde a sus llamados y es imposible ubicarlo. La situación se torna más grave teniendo en cuenta que el mismo empresario tiene a su cargo la limpieza en los Ministerios de Gobierno y Salud, la Fiscalía y otras empresas privadas, donde también tendría deudas.

Gabriel Garnica, líder del gremio del comercio, se refirió a la situación y planteó una situación complicada para los trabajadores. “Entraríamos en juicio sumarísimo que llevara de 45 a 90 días para que la gente pueda hacerse acreedora de sus salarios adeudados”, dijo.

El dirigente sindical señaló que una audiencia desarrollada en julio (cuando se hizo el traspaso de la empresa) ya habían adelantado que esta persona “no era solvente” como para seguir adelante con la empresa y criticó al Estado porque “no prevé estas cosas cuando hace estas licitaciones”.

“Aceptan los bajos costos y cualquiera puede pasar (las licitaciones) con dos mangos con cincuenta. En Gobierno ayer nos llamaron para decirnos que iban a romper la licitación porque esta persona no se presenta”, explicó Garnica a FM DE LA COSTA.

El sindicalista aseguró que Ríos “desapareció” y que hace tiempo “no le trae los insumos a la gente, que tuvo que traer lavandina y cosas de  su casa”.

En ese marco, Garnica pidió que las licitaciones tengan “límites” porque “se deben contemplar pautas dentro de los contratos para que los trabajadores tengan todo el orden y la empresa también gane plata”.

“Ayer preguntaba cuánto le pagaban a Ríos en Gobierno con 17 trabajadores y me decían que son 82.000 pesos. Tiene que pagar 75.000 de sueldos y aportes. Es imposible hacer un plan con eso, porque además debe aportar los insumos y debe sacar sus ganancias”, sostuvo el dirigente gremial.

Reiteró su molestia porque el Estado “debe prever estas cuestiones y tener ciertos parámetros, es una cuestión de sentido común”.

Garnica aseguró que “a corto plazo no hay una solución posible” y reveló que “existe una propuesta que podría ser viable para liberar los fondos, pero si no avanza eso vamos por la vía judicial”.

Para llevar cierta tranquilidad a los empleados, señaló que el Ministerio “se comprometió a pedirle a la próxima empresa que agarre el servicio que tome a estos trabajadores”.

Ayer, las empleadas señalaron que, según habían podido averiguar, el Ministerio no había abonado los servicios a Ríos. Garnica ratificó esto al señalar que “el hombre  presentó una carta documento renunciado y pidiendo que se le pagara lo adeudado, lo que dejó a los trabajadores totalmente indefensos”.