La acción interpuesta por ATE en la justicia persigue la restitución total de todos los descuentos ilegalmente realizados a los trabajadores que hicieron uso del legítimo derecho de huelga en todas las dependencias estatales. 
Cabe destacar que el fallo de la Cámara Laboral muestra serias contradicciones, toda vez que declara ilegales las resoluciones, emitidas por todos los Ministerios, bajo las cuales operaron los descuentos, pero solo condena a la provincia a la restitución del día 27 de agosto del 2013 descontado a los empleados que prestan servicios en Desarrollo Social. Esta resolución es la 107/14, firmada por el ex-Ministro, Norberto Paillalef y en ella se ordenó el descuento a todos los afiliados al gremio. 
Recae sobre el aludido Ministerio la obligación de devolver este día con la próxima liquidación de haberes.

Respecto al resto de los descuentos y a los más de 100 casos en que los mismos fueron aplicados a trabajadores que se encontraban de licencia o que no se plegaron a las medidas, la justicia ordenó recurrir a otro tipo de reclamo individual o plurindividual.

Una vez analizada la sentencia por el equipo jurídico del sindicato y estando comprobado que la Cámara no tuvo en cuenta la aplicación de principios generales del derecho, y que la misma, a pesar de dar razón parcial a ATE, muestra serias contradicciones, se resolvió la presentación de un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

"Esta sentencia, a pesar de ser deficitaria y contradictoria en sus fundamentos, muestra sin dudas la clara intención del gobierno de perseguir y castigar a cualquier precio a todos los trabajadores que deciden reclamar por sus derechos. Luego de este fallo el Gobierno debiera evitar que se continúe judicializando esta cuestión y avanzar en la devolución total de los descuentos", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro y agregó: "El gobierno resulta condenado a la devolución de un día y en uno de los Ministerios. Esto no alcanza. El fallo tiene serias contradicciones, ya que declara ilegales las resoluciones de todas las áreas estatales, pero sólo obliga la restitución en uno de los casos".

"Además, cuando se plantea una denuncia por discriminación, y este es el caso, se invierte la carga de la prueba. El que tiene que probar que no discriminó es el Gobierno y en este caso no lo hizo. Es más, son los propios jueces quienes aducen una falta grave en el Gobierno, a partir que este no presentó la prueba que la Cámara le exigía", puntualizó Aguiar y concluyó: "En definitiva estamos ante una sentencia salomónica, que muestra una vez más, la subordinación del Poder Judicial al político. Ahora esperaremos los resultados en las futuras instancias".