Existen 1.500.000 jóvenes que no logran estudiar ni trabajar en la Argentina, unos 30.000 habitan nuestra provincia, 17.500 de ellos se postularon en el Plan Progresar. Fueron aceptados 7.233 que comienzan a cobrar $ 600/mes si demuestran que estudian y el grupo familiar no dispone de un ingreso mínimo. El Plan clientelar implica una duplicación del número de alumnos de esa edad que contiene el sistema. Si todos se presentaran en los centros educativos a cursar, colapsarían el sistema inmediatamente por falta de infraestructuras y recursos humanos. Desde Enero de 2014 se redujeron las plantillas educativas de ese segmento en más de 200 cargos y recortaron miles de horas de trabajo docente. Podría haberse diseñado un sistema de becas como tiene Uruguay, financiado por los graduados que asegura u$s 250/mes a cada alumno con metas académicas para la permanencia, que beneficiando al 8% de los cursantes logra que constituyan más del 20% de los graduados.

El panorama educativo rionegrino es desolador, sólo el 31% de los alumnos que empiezan el primer grado terminan la secundaria. En las escuelas rurales, los que se gradúan sin haber repetido son apenas el 11% mientras el 70% abandona por completo. El abandono escolar promedio durante el Ciclo Básico de la Secundaria en Río Negro se ubica en el 4º lugar de la Argentina, con una tasa que representaba 3,5 veces el porcentaje de Chubut.  En el Ciclo Secundario la brecha social formativa expresada como diferencia de graduación sobre cursantes es del 30 % a favor de la enseñanza privada, mientras que en Formosa o Jujuy la diferencia privada/estatal  de ese índice es sólo del 10 %.

La utilización de los mayores presupuestos educativos absolutos y relativos de toda la historia no ha impedido el desmejoramiento continuo de los resultados. El índice de deserción universitaria rionegrina, en promedio, ronda el 35% en el primer cuatrimestre y el 40% durante el primer año. En sus cursos de ingreso las pruebas de conocimientos básicos de matemáticas y de lectura y comprensión de textos, el porcentaje de reprobados superaron el 60%.La caída vertical de la calidad educativa y la creciente desvinculación entre la graduación con la inserción laboral y la  movilidad social, ha diluido la autoridad y erosionado la motivación.

En el mercado laboral, mientras crece la informalidad y precariedad, la tasa de desempleo juvenil alcanza al 26,3 %, el doble del promedio general, en estos guarismos no están contenidas los que acceden a trabajos temporarios, precarios e informales de los que mal subsisten. La probabilidad de los jóvenes de estar sin trabajo es tres veces mayor, mientras entre los adolescentes es cuatro veces superior a la de los adultos.

El auge del individualismo y la desigualdad plantea contradicciones y metamorfosis donde el estado benefactor ha dando paso al estado de malestar. Los jóvenes instrumentalizados son  convocados  a votar a los 16 años, pero sin poder postularse a los cargos electivos. En un momento existencial  especialmente vulnerable a la anomia y el riesgo social, la desigualdad y la exclusión generan condiciones que favorecen el desarrollo de formas ilegales y extralegales de subsistencia sobre la que se ceban los medios de comunicación y los actores políticos interesados en captar el miedo social desviando la atención de los verdaderos responsables de la inseguridad y las crisis. Sin embargo sólo el 4,30 % de los delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires durante los últimos cuatro años fue cometido por menores de edad, según la estadística que lleva la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense.

El estado Argentino ha sido condenado en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) caracterizándolo como el único país de la región que violando los derechos constitucionales, emitió reiteradamente condenas a perpetuidad sobre menores violando sus derechos y los de sus familiares. La CIDH también repudió expresamente la desaprensión que observó en la determinación de responsabilidades por las muertes, la falta de adecuada atención médica durante el cumplimiento de las condenas y las torturas que sufrieron los menores, afirmando respecto de las últimas, que “constituyeron un incumplimiento de las obligaciones de prevención y sanción establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. El trascendente fallo reprueba la sistemática reiteración de penas “desproporcionadas” que constituyen “un trato cruel e inhumano” e “implican la máxima exclusión del niño de la sociedad”. Frente a las limitaciones observadas en el funcionamiento de los recursos de apelación y de los códigos penales de procedimientos, la CIDH ordena adaptar los mismos y el resto de las leyes aplicadas a los marcos internacionales convenidos y vigentes, como la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y otros con similar rango constitucional. La injusta legislación aludida incluye al decreto ley 22.278 sancionado por la Dictadura, que tras 30 años de democracia continua vigente, habilitando la privación ilegítima de la libertad a menores de 16 años y otras disposiciones similares. A pesar de lo expuesto el Ministro de Seguridad de Río Negro insistió  este año en modificar el Código Contravencional en perjuicio de las garantías mencionadas. Variados marcos legales como la Ley Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia Nª 26.061, al igual que la Ley provincial 4.109 se incumplen de modo flagrante. Las cosas no son justas por el hecho de ser leyes, deben ser leyes porque son justas. El equilibrio de una sociedad con igualdad real de oportunidades, es el único camino hacia una paz sustentable. El orden social a cambio de la libertad es un mal trato

La Provincia de Río Negro con 57 casos ocupa el 8ª lugar de las jurisdicciones argentinas y el 1º lugar en la Patagonia de  muertes conocidas por gatillo fácil o tortura en cárceles o comisarías, porque permitir una injusticia, es abrir el camino a todas las que vienen.  

Las fotos que acompañan la nota no son de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, corresponden a un establecimiento de reclusión de menores de la Provincia de San Luis registradas este año, en medio de una “requisa” que en lugar de efectuarse en la celda de forma individual como marca el procedimiento vigente, se desarrolló en similares condiciones a las que son habituales en las cárceles de Río Negro, donde el aludido “sentido común” deja sin atención médica las epidemias de tuberculosis y sarna que afectan a los internos.

Los excesos llegan a tales niveles de impunidad que la propia Vicaría de la Fraternidad del Obispado de Viedma se dirigió a este “Estado legalista en sus formas e irresponsable en sus hechos” afirmando en su solicitada “Los pibes del Olvido” que:” “La muerte de Sebastián en la Comisaría 1º de Viedma y la de tantos otros en nuestra provincia y en nuestro país, es el reflejo de lo que atraviesa y marca la vida de muchos de nuestros jóvenes, que sumidos en la angustia y la desesperanza buscan evadirse de ese mundo que les tortura y violenta permanentemente. La vida de muchos de estos pibes, sin contención por parte de la familia y e instituciones del Estado, se convierte en una realidad vulnerable, aprovechada por aquellos grupos que hoy negocian y se enriquecen de esta situación de indefensión juvenil, y frente a esta realidad constatamos la absoluta inoperancia y ausencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. No contamos con políticas sociales acordes a la realidad del momento. Es como si la cuestión juvenil no fuese importante en el conjunto de los intereses de nuestro Gobierno. A muchos de los programas de Desarrollo Social lo único que les queda es el rótulo. Han  sido vaciados de contenido. No hay personas que acompañen los procesos de los pibes en situación de vulnerabilidad…. no están preparados ni tienen las herramientas necesarias, produciendo a veces más perjuicios que la garantía de derechos”. Sentidas y sensatas afirmaciones con las que no podemos menos que coincidir plenamente.

Desde el gobierno la minoridad y la juventud ingresan a la agenda con eje en la inseguridad renovando una violencia discursiva a que ha llevado al propio Gobernador Weretilneck a  sugerir que con los menores, “no hay que apegarse tanto a la ley hay que tener más sentido común” o a individualizar públicamente a ciudadanos menores de edad libres y sin condenas pendientes como responsables del delito organizado en Bariloche. Se reitera el traslado proyectivo perverso de un gobierno provincial que cobija a ministros, funcionarios y a reconocidos abusadores de menores procesados por la justicia, con fueros y subterfugios de los requerimientos de los jueces, mientras arremete contra los más débiles, a los que con sus propias políticas han expuesto al desamparo. Es oportuno recordar a Montesquieu cuando afirmaba:”una injusticia cometida contra un individuo es una amenaza contra toda la sociedad”

por Lic. Javier García Guerrero. Ex Director de la Especialización en Administración Sanitaria del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.