La Senadora Nacional Magdalena Odarda, Interbloque Fap-Unen-CCARI, y el legislador provincial Jorge Ocampos, Bloque CCARI, presentaron un pedido de informes al Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para  poder tener precisiones acerca del desarrollo de la Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento en la provincia de Mendoza.

La presentación tiene relación con el reclamo de la “Mesa de Trabajo Proyecto Ferroviario Potasio Río Colorado”, con los productores y ciudadanos de la cuenca del río Colorado, compartida por cinco (5) provincias, entre ellas Río Negro, quienes ven con preocupación el represamiento del río Grande (Mendoza), tributario del río Colorado, con la construcción de esta Central. Sobre  el caso, los parlamentarios alertaron que “esto significará modificaciones en el caudal del Colorado y agravará la contaminación ya existente”.

En el curso superior del afluente, el uso de la industria petrolera, la contaminación por derrames de crudo, la vertiente de aguas usadas en procesos industriales, otorgan características desfavorables para el consumo humano y para la economía del valle de la ciudad de Río Colorado: la producción frutihortícola.

A su vez, es una realidad que el suministro de agua potable para consumo humano es un serio problema para esa región por la salinidad y dureza del agua.

En tal  sentido, los parlamentarios requirieron información al respecto, sobre todo en lo relacionado a la intervención del COIRCO, el órgano interjurisdiccional de cuencas, que es quien debe participar en la discusión sobre la represa y sus consecuencias. Entre otros puntos del  escrito, se pide también al Ministro que explique en qué instancias de desarrollo se encuentra el proyecto, si se llevaron a cabo los estudios de impacto ambiental realizados, si se hará trasvasamiento hacia el río Atuel (Mendoza) y qué estudios se hicieron al respecto; la intervención que se le da al COIRCO, su rol y opinión sobre el proyecto.

Además, la Senadora Odarda y el Legislador Ocampos requieren se explique qué instancias de participación pública ha habido o habrán; cuál es la información que recibió la provincia de Río Negro sobre estas obras y qué organismo regulará los caudales.

Por último, consideraron que las obras podrían perjudicar a las provincias que hacen uso del río, las que pueden ver afectadas sus producciones agrícolas y la calidad del agua para consumo. “La decisión de tal obra tiene que tener el visto bueno de todas las provincias que comparten la cuenta, caso contrario, no debe llevarse a cabo. El COIRCO debe intervenir, y además, deben estar abiertos todos los espacios de participación social y discusión del proyecto, evaluar la necesidad y las ventajas y desventajas de llevarlo adelante. No se puede imponer una obra que puede afectar negativamente a miles de usuarios a lo largo de esta cuenca”, advirtieron.