Ya no quedan dudas que Río Negro sufre un castigo por parte del gobierno nacional.
Los actos de marginamiento y desatención, son indiscutibles. Los hechos son indignantes por sí mismos, pero se tornan inaceptables cuando esa situación se origina en encuadramientos político-partidarios de los gobernantes.

El gobernador se “abrió” del oficialismo nacional en el proceso pre-electoral en marcha y fue castigado, pero el castigo lo recibe la provincia, porque desde entonces se produjo la exclusión del sistema de refinanciamiento de pasivos, que beneficia al resto de las provincias, a lo que hay que agregar el desinterés por ayudar a la fruticultura en estado de crisis terminal; y la falta de pagos a empresas que realizan importantes obras de infraestructura vial: en la Zona Atlántica, Línea Sur y Alto Valle, que han provocado el abandono de los trabajos, o continuarlos a un ritmo muy lento.

Nos referimos específicamente a las lentísimas construcciones que se llevan a cabo en las rutas 22 y 23, ejes troncales de la provincia de Río Negro, y a la interrumpida ruta al balneario Playas Doradas que no hace sino demorar un desarrollo turístico del área que incluyen a trabajadores de la construcción, turismo y pequeños empresarios ilusionados en transformar estas hermosas playas del sur rionegrino.

Lo resumido en párrafos anteriores, muestra la peor cara de un manejo político de parte del gobierno central, que prioriza las lealtades y la sumisión a su proyecto partidario por sobre las necesidades reales de los pueblos.

Si estas conmigo, todo; si no lo estas, nada, parece ser la consigna de hierro, con que se manejan los gobernantes nacionales.

Ahora, el gobernador volvió a alinearse con el oficialismo nacional y pareciera que la provincia vuelve a recibir un trato igualitario de sus pares. Al menos eso surge de la reciente convocatoria a refinanciar pasivos que se esta produciendo en estos días.

Estos manejos, son aceptados, también por los dirigentes y parlamentarios nacionales afines a la Presidencia que, en tiempos de bonanza para su proyecciones políticas gestionaban y promocionaban logros y que hoy, tronchadas sus aspiraciones, callan creyendo que de esta forma afectan al gobierno provincial, responsables de sus frustraciones personales.

No advierten que la paralización de estas obras profundizan crisis regionales, retrasan las aspiraciones de pueblos, alimentan la pobreza. Interrumpir una obra vial, es interrumpir el crecimiento y desarrollo regional. Así, el federalismo y las autonomías provinciales se convierten en una falacia.

Desde el Frente Progresista y la CC-ARI Río Negro seguiremos denunciando estas discriminaciones que representan una malformación muy peligrosa de nuestros sistemas de urbanización nacional y de gobierno. Continuaremos solicitando a los rionegrinos que reprueben estas conductas y exijan que se respeten sus derechos.

Por ello y en virtud de lo expuesto, es que desde nuestra banca en la comisión de Labor Parlamentaria pedimos que se trate sobre tablas en la sesión del pasado viernes nuestro pedido legislativo a través del cual requerimos al Poder Ejecutivo Nacional, a la Dirección de Vialidad Nacional, que en forma inmediata se arbitren los mecanismos adecuadas para garantizar el pago de las certificaciones de obras y dar certeza sobre la estabilidad en la fuente de empleo de los trabajadores que se encuentran vinculados a las obras de la Ruta Nacional 23, Ruta Provincial Nº 5 (a la altura de Sierra Grande), la Reconstrucción del puente Nahuel Niyeu y la Ruta Nacional 22 y la Ruta A-26 (Acceso a San Antonio Oeste). Con satisfacción podemos decir que esta medida fue aprobada en la ultima sesión parlamentaria.