La ley de Infraestructura Federal permitiría coordinar el despliegue de las redes de telecomunicaciones,  respetando la planificación urbana, estratégica y comercial como así también el impacto ambiental sobre las localidades donde se asienten las antenas. En este sentido, fueron consultados la Unión de Consumidores de la Argentina, la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), Universidades Nacionales vinculadas a la temática, FOETRA y la Federación Argentina de Municipios. 

Tal y como esboza el proyecto elaborado por el diputado Mario Oporto y acompañado por los diputados Herman Avoscan, Liliana Mazure, Dante González, Gastón Harispe, Eduardo Seminara y Osvaldo Elorriaga, “los sistemas de telefonía móvil funcionan con una tecnología denominada celular debido a que cada antena emisora forma parte de una celda de varias que funcionan relacionadas entre sí, de manera que todas conforman una determinada área de cobertura. Cada celda para mantener la calidad de servicio, tiene una capacidad limitada de usuarios por lo que la cantidad de celdas y, consecuentemente, antenas, está relacionada con la cobertura por un lado y con la densidad de usuarios en la celda por el otro”.

Y agrega “entendido esto, se observa que este crecimiento empezó a encontrar su freno en virtud de un problema estructural: la insuficiente cantidad de antenas instaladas para hacer posible la viabilidad del sistema de 3G y 4G.” Problema que, de no existir una marco regulatorio, es de difícil resolución por la cantidad de actores y autoridades con competencia en la materia. 

En cuanto al impacto ambiental, si bien todas las universidades han destacado que no hay estudios que determinen contaminación arriba de la permitida por la Organización Mundial de la Salud, el proyecto establece una audiencia pública donde se debata con los ciudadanos los resultados del Informe de Impacto Ambiental. Estas audiencias, asimismo, tendrán carácter vinculante. 

Por otra parte, el rol de los municipios será muy importante, ya que a pesar del carácter federal de las telecomunicaciones, serán los encargados de habilitar todo el proceso, organizar las audiencias y cobrar las tasas pertinentes. 

Si bien el proyecto continúa en estudio, se estima que llegue a votación antes de noviembre.