Hoy, casi ocho meses después sabemos que la Justicia ha requerido una serie importante de medidas tendientes a verificar el estado de las aguas, y ha logrado que los organismos responsables hayan vertido en el expediente las explicaciones del caso. La documentación obrante en la causa es cuantiosa y deja en evidencia no solo la falta de control por parte de los órganos de los Poderes Ejecutivos que han permitido el vertido de sustancias, sino además la falta de obras en lo que a saneamiento se refiere.

De los análisis practicados por la Prefectura surge claramente que resulta probable "que la causa de la contaminación pueda tener un origen industrial y/o fecal", por lo que la contaminación existe. También se dijo que "El resultado de bacterias Coliformes fecales de todas las muestras analizadas, exceptuando (...) (aguas arriba del Puente Carretero) superan el valor guía utilizado como referencia en el presente informe, lo cual indica contaminación cloacal próxima" tal como lo señalan las pericias realizadas.

Otro dato de la realidad volcado en el expediente es la presencia del compuesto químico denominado naftaleno, compuesto que no debería existir en las aguas de los ríos dados el riesgo que presupone su existencia, máxime cuando esta sustancia aparece en la totalidad de las muestras tomadas.

En noviembre de 2014 el Legislador Jorge Ocampos había presentado ante la Fiscalía de la ciudad de Cipolletti una denuncia penal por incumplimiento de deberes por aquellos funcionarios públicos que hayan tenido a su cargo la responsabilidad de evitar que las aguas de nuestro río se contaminen, dicha denuncia se encuentra actualmente en trámite ante el mismo Juzgado Federal Penal de General Roca, en razón de la incompetencia declarada por parte del Ministerio Público provincial. Respecto de ésta última denuncia, oportunamente en noviembre de 2014, la Provincia de Río Negro por intermedio del Asesor Legal de la Secretaría de Medio Ambiente informó que muestras realizadas por el organismo evidenciaron altos niveles de contaminación.

Ambas denuncias, siguen un mismo curso.

La Justicia Federal continúa avanzando y los denunciantes aportarán su colaboración para determinar quiénes resultan ser los responsables, además y por sobre todo, instar a los órganos del Estado su acción efectiva para lograr la remediación del daño efectivamente causado.