En su presentación, la entidad gremial describe las razones por las que se considera involucrada en la suerte del referido amparo, detallando que entre los objetivos de su estatuto se reflejan el poder acercar a ese Alto Tribunal argumentos que resulten válidos respecto del derecho a un ambiente sano y el acceso público de todos los ciudadanos a los bienes comunes, los que poseen una gravitación notable en la configuración del estado de derecho y en fortalecimiento del sistema democrático.

Describe luego que la amparista, Magdalena Odarda, en su carácter de ciudadana, viene promoviendo desde el año 2005 dichas actuaciones y que ha obtenido la resolución firme de ese STJ 64/09 y su aclaratoria de 2012, resultando claras ambas resoluciones respecto de la obligación que se fija desde ese Alto Tribunal al estado rionegrino para proceder a la inmediata apertura del denominado “Camino de Tacuifí”, a fin de garantizar el libre acceso de todos los ciudadanos al espejo de agua denominado “Lago Escondido”. Sin embargo, describe también en su Amicus Curiae que no se ha constatado hasta la fecha el efectivo cumplimiento de las Resoluciones referidas del STJ.

Relata la presentación que “La Central de Trabajadores en 1992 ha nacido para aportar a la construcción de una Argentina con trabajo digno, salud, educación y justicia para todo el pueblo, promoviendo la participación ciudadana y de las comunidades locales en distintas situaciones de conflictos, por ello y en este marco el art.3 de nuestro Estatuto Social, establece como objetivos y fines: e) Defender la democracia recuperada por la lucha popular y su profundización hasta alcanzar la verdadera democracia política, económica y social”.

Al respecto, refiere que desde la Central de Trabajadores se han mostrado preocupados por las problemáticas que involucran los derechos de la ciudadanía en materia ambiental, en forma directa y difusa, tales como el acceso a la tierra de diversas comunidades, el libre acceso a la información pública, el acceso al agua, promover la implementación de la Ley de Bosques Nativos, Ley de Protección de Glaciares y la Ley de Agricultura Familiar y federalizar las leyes que garantizan el acceso justo a la tierra y al hábitat y el desarrollo de la economía social.

Vale  citar los conceptos de la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Mendoza, Avelina Alonso, cuando en su discurso del 8 de agosto de 2015 relataba: “Estamos muy convencidos de que la problemática medioambiental interpela nuestra militancia sindical. 

No es simplemente un debate ecológico o ambiental dado que se vincula con nuestra vida como trabajadora/es, al estar planteándose el cambio climático y los modelos productivos, también está en juego el mundo del trabajo”.

Detallan finalmente en su escrito que “Constituye un objetivo central de la Central de Trabajadores la necesidad de generar alternativas de participación ciudadana en todas aquellas cuestiones de índole colectiva y de relevancia institucional, utilizando todas las herramientas disponibles dentro de nuestro sistema constitucional y legal, tal como resulta la figura del Amicus Curiae”.