El documento mediante el cual dan a conocer la postura del Cuerpo Legislativo y Poder Ejecutivo Municipal de San Antonio, reza que en virtud del requerimiento judicial, ambos Poderes se presentaran insistiendo en cumplir con el mandato otorgado por la Carta Magna y ratificado por todas las fuerza políticas. Al tiempo que esperan que la Justicia no impida el derecho de la expresión popular en las urnas.

El documento expresa lo siguiente: 

“Habiendo tomado conocimiento a través de la página oficial de comunicación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, de la Resolución emitida por el Juez Ricardo A. Apcarian, con fecha 07 de octubre del corriente año respecto de la presentación de la Legisladora María Liliana Gemignani, en referencia al Referéndum Popular, Vinculante y Obligatorio convocado por el Poder Legislativo Municipal mediante Ordenanza 4873 y reglamentado por Decreto N° 1575/15 del Poder Ejecutivo Municipal, que suspende en forma provisoria lo dispuesto en las normativas municipales mencionadas.

Este Cuerpo Legislativo y Poder Ejecutivo Municipal manifiestan y ratifican en el marco de nuestra Autonomía Municipal, en todos sus términos la Ordenanza 4873 de 2015 como asimismo el Decreto 1575/15 dictado por el Intendente Municipal, cuya finalidad es la firme expresión del Pueblo todo, de nuestro ejido municipal a través de las urnas como único instrumento soberano y libre de la Democracia.

El sentido de la misma fue dar respuesta al reclamo de la población y las fuerzas políticas todas que, reconocieron, a través de Acta de fecha 20/08/1015, “que todo intento de escisión de alguno de los centros urbanos de nuestro ejido debe estar sujeto al único marco legal vigente aplicable que es nuestra Carta Orgánica Municipal”, suscripta por todos los Concejales en Ejercicio y Electos de las fuerzas políticas Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical y Juntos Somos Río Negro.

Lamentamos profundamente que las acciones de la Legisladora María Liliana Gemignani, elegida por el voto popular coarte la posibilidad de aquellos que la votaron, cercenando la libre expresión del Pueblo como así también la firme intencionalidad de judicializar las decisiones políticas emanadas de los representantes legítimamente elegidos por el voto popular.

En virtud del requerimiento judicial, ambos Poderes del Estado Municipal, a través de nuestros asesores legales y profesionales externos nos presentaremos insistiendo en cumplir con el mandato otorgado por nuestra Carta Magna y ratificado por todas las fuerza políticas.

Esperamos que la Justicia no impida el derecho de la expresión popular en las urnas por parte de la ciudadanía, acto consagrado en la Carta Orgánica Municipal, Constitución Provincial y Constitución Nacional”.