Entre los diferentes elementos probatorios se destacan los expedientes de la causa iniciada en sede penal contra el propio Bernardi junto a Antueque y Peralta (quien se suicidara en los inicio de la investigación) y de la causa contra Antueque en la que fue condenado por amenazas. Asimismo constituirán pruebas diversos recortes periodísticos, soportes audiovisuales sobre el allanamiento a la chacra del Juez imputado y las declaraciones prestadas por los menores en Cámara Gesell.

Además, y bajo la categoría de prueba oficiatoria, se solicita al órgano judicial que obtenga el acta de Juramento de Bernardi y su legajo completo. De igual forma, a distintos medios de comunicación se les pidió que remitan copias certificadas de los recortes periodísticos difundidos en relación a este funcionario judicial. Todo este material deberá ser leído en la audiencia.

La Procuradora solicitó también que se cite a declaración testimonial a 28 personas entre ellas las tres que ya declararon en cámara Gesell (en caso de que hayan cumplido al momento de la audiencia la mayoría de edad); a diversos profesionales de la salud, operadores socio comunitarios y empleados del CAINA. También se requiere citar a referentes de la Justicia, periodistas y al propio Julio Antueque, entre otros.

En tanto, a diversas instituciones se les solicitó informes acerca de procesos de funcionamiento y situaciones particulares. Entre ellas se encuentran el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados, el Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social y los diferentes Juzgados de Instrucción de la I Circunscripción Judicial.

En función de haber cumplimentado dicha prueba, queda ahora a disposición del Consejo de la Magistratura proveerla y citar a la audiencia de debate, que deberá realizarse en un plazo no menor a los 30 días.