Odarda y Ocampos piden que las autoridades provinciales y las empresas dejen de acosar a la productora y se limiten a contestar la información solicitada.

La productora afectada pidió informes a la autoridad ambiental sobre la contaminación de la actividad hidrocarburifera en las chacras, y como respuesta se la invitó a una reunión cerrada y se le pidió que informe datos, pozos cercanos y el nombre del comprador extranjero que se negó a comprar la fruta.

“Esta situación de hostigamiento por parte de las autoridades y las empresas debe terminar. Quienes tienen la obligación de responder son los funcionarios provinciales y las empresas, no un productor afectado. Pedimos que la productora deje de ser cuestionada. Como todo ciudadano tiene el derecho de pedir explicaciones y el gobierno de responderlas; no al revés” dijeron los parlamentarios.

“Es necesario que se respete el libre acceso a la información ambiental y que se abran públicamente los Estudios de Impacto Ambiental que presentaron las empresas.” Agregó.

Por otro lado, se exigirá la realización de estudios independientes por parte de universidades públicas que no estén comprometidas con intereses empresarios. 

Afirmaron que gracias a partir de lo que le sucedió a la productora, debe haber una investigación y evaluación  de los efectos del fracking a esta altura de su desarrollo.

 “Lo venimos anunciando hasta el cansancio. La fruticultura y la explotación de hidrocarburos no convencionales son dos modelos contrapuestos e incompatibles. El riesgo es alto para las economías regionales en general y para la actividad frutícola específicamente.” Advirtieron Odarda y Ocampos.