"La orden impartida por el Poder Ejecutivo a la Policía para que continúe demorando a chicos aunque los mismos no se encuentren cometiendo ningún delito, es ilegal, profundamente autoritaria y además violatoria de derechos humanos esenciales", sostuvieron.

“Es preocupante y muy peligroso que el Gobierno rionegrino brinde esta carta libre a la Policía. Esta es una mala decisión política que nos coloca frente a un retroceso institucional de magnitud y afecta gravemente nuestra democracia”, sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro, al tiempo que remarcó que: “ningún Estado puede invocar su tutela sobre las personas para privarlas de su libertad sin que exista una causa justificada. Se están violentando garantías constitucionales esenciales en nuestra provincia y este accionar de la fuerza policial debe cesar de manera inmediata”.

Entonces señalaron que "este posicionamiento del Gobierno Provincial persigue la criminalización de los adolescentes, la juventud y los pobres. Es que, con esta decisión se está dando vía libre a las fuerzas policiales para privar de su libertad ambulatoria a las personas por el color de su piel, edad, por residir en barrios pobres o pertenecer a sectores sociales vulnerables".

"La sola condición de ser menor de edad no puede habilitar a la policía para la detención de una persona, ya que se estaría violando el derecho a la libertad y consolidando un Estado antidemocrático que puede sistemáticamente afectar garantías constitucionales", afirmaron.

La central sindical rionegrina sostuvo que "duda acerca que el estado de las cárceles y comisarias permitan que los chicos demorados o privados de su libertad puedan estar alojados en lugares separados de los adultos".

Por último, la Central Obrera consideró que "asiste razón a la procuradora Silvia Baquero Lazcano, cuando en su dictamen sostiene que la detención de un menor de edad sólo procede cuando existe una orden judicial o se lo sorprenda en la comisión flagrante de un delito".