La regulación abarca acciones orientadas a la difusión de derechos y obligaciones del Estado y el ciudadano, información a la población de programas, políticas, servicios públicos, condiciones o requerimientos de licitaciones o concursos públicos, medidas adoptadas o a adoptarse en casos de emergencias públicas, modificaciones en leyes u otras normas de interés para todos los habitantes de la Provincia.

La ley establece que la autoridad de aplicación de esta norma será la Secretaría de Medios de la provincia y que se creará un Registro de Medios de Comunicación en el que podrán registrarse únicamente aquéllos que estén legalmente habilitados.

Ningún contrato en publicidad, regulado por la presente ley, podrá tener un costo superior a lo que es usual por similares productos en el mercado.

En la iniciativa se invita a los Municipios de la provincia a adherir a la presente y a adoptar similares criterios para la contratación de publicidad oficial.

Los argumentos

“Los gastos públicos en publicidad oficial, la famosa “pauta”, ha servido para comprar voluntades y torcer la relativa objetividad que debe primar a la hora de difundir al pueblo, la tarea gubernamental”, aducen los parlamentarios Ocampos y Agostino.

Señalan en los fundamentos que “resulta una obviedad, pero no podemos soslayarlo que la falta de regulación genera asimetrías entre aquellos partidos que buscan acceder a un cargo político y los que se encuentran en cargos ejecutivos y por ejemplo buscan la reelección, ya que pueden hacer un uso discrecional de la publicidad oficial para captar el voto”.

“Los actos de gobierno, deben ser públicos y conocidos por toda la sociedad, y esto que parece otra obviedad, que hace a la transparencia y al acceso obligatorio a la información pública por parte de la misma, es generalmente una excepción y no la regla”.

Afirman los autores que “cuando se dan a conocer actos de gobierno en forma legítima, en muchos casos se trasluce la ‘discrecionalidad’ mediática y el ‘propagandismo’ rampante” y señalan que “se necesita que este tema sea debatido y sancionado, con el mayor acuerdo posible, como lo fue con la Ley de Medios a nivel nacional”.

Ante este cuadro de situación, consideramos conveniente el dictado de una norma que regule la asignación de la publicidad oficial” que de esta manera “dejará de ser una actividad discrecional para pasar a ser una actividad reglada”, concluyen los legisladores Ocampos y Agostino.