En esa transgresión volvió a incurrir en el delito y la muerte. Ante la presión policial, el acusado se quebró y confesó el crimen de Micaela Aldana Ortega, la menor de 12 años que había desaparecido hace más de un mes en Bahía Blanca y cuyo cuerpo fue encontrado cerca de un monte en Cerri, en Ingeniero White.

El tétrico hallazgo se produjo luego de que el detenido confesara el asesinato y guiara a la Policía hasta el monte donde había escondido el cuerpo. De los operativos participaron efectivos del área de Delitos Complejos y la Dirección Departamental de Investigación de la Policía de la Provincia, quienes reconocieron que -de otra manera- nunca la hubieran encontrado.

Es que Jonathan Luna se encargó de esconderlo en medio de un campo cercado con alambre de púa y lleno de arbustos y pastizales que dificultaban la visibilidad durante los rastrillajes. El secretario de Seguridad de Bahía Blanca, Emiliano Álvarez Porte, admitió que "hubiera sido imposible si no lo contaba". Además, confirmó que tiene antecedentes penales y que la asesinó el mismo día que la vio,

Según reveló la Policía, Luna se hacía pasar por una nena en Facebook y fue a través de esa red social que engañó y atrapó a Micaela. Las cámaras de seguridad de Bahía Blanca registraron varios momentos en los que se ve al acusado caminando junto a la víctima. La Policía aseguró que Luna dijo haberla matado el 23 de abril, el mismo día que la menor abandonó su casa tras discutir con su madre. (Infobae)

Jonathan Luna

Estaba prófugo desde el 19 de diciembre de 2014. Fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por la Cámara Criminal Primera de Roca el 7 de marzo de 2013, por el delito de “robo calificado”.

El hecho ocurrió en abril de 2012 en la zona rural de Chichinales, donde sustrajo su teléfono celular a una mujer utilizando un cuchillo para amenazarla. Tras su detención fue alojado en el Penal N° 2 de Roca.

Luna nació en diciembre de 1989 en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires; se crío en Tucumán y a los 18 años se radicó en el Valle Medio, trabajando siempre en tareas rurales.

En función de los plazos que impone la Ley de Ejecución de Penas (Ley 24.660), el 25 de noviembre de 2014 quedó en condiciones de acceder a las salidas transitorias, las cuales fueron concedidas por el juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos mediante sentencia del 17 de diciembre de 2014. El juez autorizó una salida mensual de 24 horas bajo tutela de la pareja de Luna, quien designó su vivienda particular en Roca como domicilio de referencia. Le impuso como condiciones: no salir de la ciudad, pernoctar en el domicilio verificado y circular siempre en compañía de su tutora, entre otras pautas de rigor como abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes.

Al momento de otorgar el beneficio que establece la Ley 24.660, el juez valoró que Luna había cumplido más de la mitad de la condena, no tenía otras causas abiertas en las que interesara su detención y no registraba otros antecedentes penales.

Alcanzó calificaciones de 9 en conducta y 7 en concepto en el Penal N° 2.
Informe favorable del psicólogo y el lic. en servicio social del Gabinete Técnico Criminológico del Penal.

Favorecimiento dictado por el Consejo Correccional del Penal, en el que se indicó que las salidas bajo tuición tendrían “efectos beneficiosos para el futuro personal, familiar y social” de Luna.

El dictamen favorable de la Fiscalía de Cámara N° 1, que consideró “reunidos todos los requisitos” que imponen los art. 17 y 18 de la Ley 24.660.

Antes de dictar su sentencia, Chirinos además solicitó una ampliación del informe psicológico al Penal, del cual surge que con su trabajo intramuros el interno “ha demostrado ser merecedor de la confianza en él depositada”. En ese informe constan también consideraciones sobre historia personal de Luna, se menciona “cierta alteración de sus funciones cognitivas superiores” -derivada de un accidente en la niñez- y se sostiene que “estimular y fortalecer sus redes sociales se considera necesario y fundamental”.

La primera salida de Luna se materializó el 19 de diciembre de 2014. El día 20 el interno no regresó y de inmediato el Servicio Penitenciario emitió una circular a la Policía de Río Negro “para su individualización y detención”. El 22 de diciembre la situación fue notificada al Juzgado de Ejecución y para el 23 de diciembre la orden de captura ya había sido librada mediante oficio a la Jefatura de Policía de Río Negro, al Registro Nacional de Reincidencias, a la Secretaría Electoral y a Migraciones. (Daniel Ferrer)