Luego del acto de juramento, el juez Apcarián – junto con el Administrador General del Poder Judicial Sergio Baroni y con el Gerente de Recursos Humanos Ezequiel Vinci - se trasladó hasta las instalaciones del laboratorio, ubicado en la calle Santos Discépolo 1850 de Cipolletti.
 
En ese contexto, los funcionarios del Poder Judicial les entregaron las llaves de las instalaciones a las profesionales y aprovecharon para realizar una recorrida donde además se describió las características de los equipamientos.
 
“A mí me hubiera gustado que esté acá la jueza Liliana Piccinini, hoy presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, porque fue ella la que gestó este laboratorio cuando era Procuradora General. Creo que Piccinini es la que conoce toda la historia de este proceso, que fue muy largo. Ahora estamos dando los primeros pasos para ponerlo en funcionamiento. Se hicieron varios concursos desde 2011 y finalmente cubrimos estos tres cargos con las profesionales que hoy asumen sus funciones. Esto recién empieza. Vamos a empezar con un entrenamiento y capacitación intensiva en el manejo de los protocolos y el conocimiento de equipos. Antes de fin de año el laboratorio va a dar los primeros resultados, no sólo en las investigaciones criminales sino en otros fueros como es el de Familia. Nos daba mucha tristeza ver el inmueble paralizado”, dijo el juez Apcarián durante su discurso.
 
El laboratorio de Cipolletti es una subsede del laboratorio Forense de Patagonia Norte, con cabecera en Bariloche.
 
Es parte de la Red Nacional de Laboratorios de Ciencias Forenses que tiene como objetivo agilizar a la Justicia argentina.
 
La red se integra con siete laboratorios centrales de alta complejidad como cabeceras de las regiones Noroeste, Noreste, Cuyo, Centro, Patagonia Norte y Patagonia Sur; 17 laboratorios satelitales y cinco institutos especializados en la provincia de Buenos Aires. Esa organización permite que los jueces y fiscales puedan, en su propia jurisdicción, ordenar peritajes sin recurrir a Buenos Aires o depender de las fuerzas de seguridad o laboratorios privados; y desarrollar sus investigaciones con la mayor celeridad, eficiencia y autonomía.
 
En los laboratorios - de acuerdo con la incumbencias particulares de cada uno – se realizan estudios de muestras biológicas de sangre, semen, saliva y tejido óseo, estudios de filiación y parentesco, análisis toxicológicos ambientales en agua, suelo y desechos industriales, pruebas de balística, determinación de sustancias tóxicas en víctimas vivas y post mortem, identificación de evidencias biológicas en hechos criminales, identificación antropológica de restos humanos, análisis de ADN automatizados y de alta confiabilidad, e identificación de víctimas en desastres colectivos.
 
En cuanto al equipamiento adquirido para Cipolletti se trata de un cromatógrafo líquido, otro gaseoso, un desionizador de agua, un kit de filtración de solventes, pipetas, balanzas, un lavador ultrasónico, dos dispensadores y un espectro fotómetro.
 
En cuanto a la importancia que tienen los estudios de toxicología, básicamente son utilizados en casos de accidentes de tránsito, ya que a través de muestras se puede establecer si el conductor ha ingerido bebidas alcohólicas o alguna otra droga.
 
Asimismo, permite detectar qué sustancias ingirieron las víctimas de homicidios o suicidios de dudosa etiología. También se emplea para la detección de hidrocarburos y componentes de artefactos explosivos.
 
En un primer momento, en el laboratorio de Cipolletti, se realizarán análisis químicos y farmacológicos que servirán como aportes en investigaciones judiciales de toda la Patagonia Norte. En una segunda instancia, se prevé realizar análisis ambientales.
 
La creación e implementación de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense resulta ser el primer proyecto de alcance federal tendiente al mejoramiento del servicio de justicia y ha sido encarado desde el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina con la férrea convicción de contribuir al mejor y más eficiente cometido de procurar justicia, traduciendo -en acciones concretas- el cumplimiento de la obligación de los estados de respetar y garantizar el acceso a justicia.