El exintegrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por 178 casos de privación ilegítima de la libertad. A comienzos de los 2000 había intentado instalar un astillero en San Antonio Oeste. Allí, una investigación periodística reconstruyó su pasado, los sobrevivientes lo reconocieron y el Concejo Deliberante lo declaró persona no grata. La Legislatura rionegrina hizo lo mismo meses después. La noticia que alguna vez pareció lejana tuvo, en la costa rionegrina, una historia propia