Los legisladores del Frente Progresista explicaron que la norma incluirá a usuarios domiciliarios en situación de desempleo o que perciban menos de 2 salarios mínimo vital y móvil, asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, PYMES, jubilados con haber mínimo, beneficiarios de Programas Sociales, personas con discapacidad, inscriptos en el monotributo social, empleadas del servicio doméstico y personas que cobren seguro de desempleo.

Recordaron que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería, dispuso la implementación de un nuevo cuadro tarifario, aplicables a todos los usuarios y consumidores a partir del 01 de abril de 2016, procedimiento cuestionado desde su inicio, ya que previamente no ha mediado la participación ciudadana en los términos del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, y la Resolución N° 2756/02 del ENARGAS.

Agregaron que los incrementos de las tarifas han sido en muchos casos desproporcionados, lo que ha generado en los usuarios la imposibilidad lisa y llana del pago. “Esto está planteando consecuencias sociales muy duras como podría ser el corte domiciliario de los servicios a ciudadanos, a PYMES, cese de actividades en Clubes Sociales y Deportivos, de hecho así lo han entendido innumerables Tribunales de todo el país, haciendo lugar a acciones de amparo interpuestas para poner freno a este aumento de las tarifas”, expresaron los parlamentarios.

Si bien luego de atender a las masivas protestas, el Gobierno Nacional, en el caso de las provincias patagónicas ha accedido a limitar el aumento a un 400% para usuarios residenciales y 500% a PYMES, ello no genera una reparación integral, ni evita la imposibilidad de pago de muchos usuarios de Río Negro.

El presidente de la bancada, Jorge Ocampos, consideró que “es deber de la Legislatura rionegrina proteger a los ciudadanos, y si bien el Parlamento no es competente para resolver sobre las cuestiones relativas a la cuantificación de las tarifas, sí lo es para impedir el corte de servicios a los usuarios que se encuentren en las condiciones y situaciones descriptas en el territorio provincial”.

“Entendemos que las facultades discrecionales con las que ha actuado el Estado nacional, han excedido el marco razonable y no debemos olvidar que nuestra provincia es productora de gas y de electricidad, abasteciendo a muchas regiones del país, y en ese contexto, merece y debe tener un tratamiento preferencial respecto al de otras regiones que solamente son consumidoras de dicha producción” mencionó Ocampos.

Finalmente sostuvo que “no debe dejar de mencionarse que las necesidades de consumo de los servicios, especialmente de gas, generado por las bajas temperaturas, son mucho mayores a otras regiones, lo que genera que el impacto en las economías sea en muchos casos, imposibles de afrontar”.