La cultura patriarcal arraigada en nuestra sociedad se convirtió en caldo de cultivo de esta desembozada avanzada machista que embiste, mata, viola, mutila y profana a las mujeres, sólo por el hecho de serlo y porque muchos, y no podemos ser hipócritas en esto, piensan que la mujer está para satisfacer las necesidades del hombre.
Esa cultura machista no le perdona a la mujer ser libre. Libre para pensar, para elegir su proyecto de vida, para opinar, para discrepar,  para participar en espacios colectivos, y mucho menos se le perdona sobresalir en su actividad.
Esa libertad que se reclama y tanto se anhela, debe estar garantizada por el Estado. Esa avalancha de violencia ejercida hacia la mujer por su condición de tal, debe ser motivo de preocupación y ocupación por parte de quienes fueron elegidos por la sociedad para tutelar sus intereses.
Pero las mujeres están en la más absoluta orfandad ante un Estado Provincial que se niega a declarar la PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL POR LA VIOLENCIA DE GENERO, que propone optimizar   todos los recursos de que disponga la provincia para el correcto y eficaz funcionamiento de Programas Provinciales de Atención a   Mujeres   Víctimas   de   Violencia,   para delinear   y   elaborar políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de los ataques de género. Esta valiosa herramienta duerme el sueño de los justos en el Parlamento rionegrino desde noviembre de 2015, mereciendo el absoluto rechazo del oficialismo.
El Estado debe tomar medidas desde todos sus Poderes.  Porque también se ejerce violencia por omisión y cuando el Estado se queda cruzado de brazos sabiendo que se están masacrando a las mujeres, quien golpea es el Estado y eso se llama violencia institucional.