Ello implicará la calidad, actualización tarifaria, cumplimiento de obligaciones contractuales, recorridos, frecuencias, necesidades del sector empresarial y cualquier otro requerimiento.

La mencionada revisión del servicio público de pasajeros deberá realizarse dos veces al año, la primera durante la primera quincena del mes de junio y la segunda durante la primera quincena del mes de  diciembre.

La revisión obligatoria del servicio público de pasajeros estará conformada por representantes del Poder Ejecutivo Municipal, en la figura de un funcionario con rango de Secretario; funcionarios responsables del área de Tránsito Municipal y responsable de la OMIC, y representantes del sector de transporte involucrado, ya sea servicio de taxis o servicio de colectivos. Ambas temáticas deberán ser tratadas por separadas.

Las conclusiones arribadas de ambas revisiones semestrales deberán ser elevadas al Concejo Deliberante, acompañadas de la documentación respaldatoria pertinente (denuncias, sanciones, actas, estudios de costos etc.) a los fines de su tratamiento definitivo de acuerdo a los ordenado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El proyecto corresponde al bloque Unidos por Patagones (Gerardo Bari y Guillermo Skrt) y se fundamenta en las confusiones en relación al ámbito de aplicación, discusiones interminables, conflictos innecesarios, carencia de información pertinente, dilaciones perjudiciales y una ausencia de políticas de previsibilidad para el sector del transporte. 

Consideraron “imprescindible generar un marco normativo que aporte cierta claridad al respecto determinado y ratificando claramente las responsabilidades de cada órgano de gobierno, a partir de la generación de un espacio de discusión sobre las condiciones generales de la prestación del servicio público de pasajeros”.

También señalaron en la iniciativa que el servicio público de pasajeros “se mantiene en continuo crecimiento, generando permanentemente mayores demandas y requerimientos lo que obliga a la generación de  medidas concretas que permitan un ordenamiento de las discusiones a los fines de proveer certidumbre y previsibilidad tanto en los usuarios como en los sectores empresariales o prestadores del servicio”.