El legislador del FPV Jorge Vallazza salió a respaldar a la presidenta del Tribunal de Cuentas de Bariloche, Julieta Wallace por el intempestivo desplazamiento que sufrió de la Comisión de Transacciones, donde se iban a tratar temas relacionados con la extensión de la concesión del Cerro Catedral en manos de la empresa CAPSA.

Recordamos que la gestión de Gustavo Gennuso viene negociando con la empresa de la familia Trappa, mismos dueños de la transportista Vía Bariloche, la extensión de la concesión que se vence en 2026 por 50 años más. A continuación transcribimos la nota de opinión del parlamentario barilochense:

La presentación en tiempo récord del Proyecto del Gobierno Municipal de Bariloche para prorrogar anticipadamente la concesión del Cerro Catedral a la empresa CAPSA, ha generado infinitas críticas, dudas y peguntas, que aún no tienen respuesta para amplios sectores de la ciudadanía.

El contrato en cuestión termina en el año 2026, y la normativa marca que correspondería en ese momento hacer una licitación internacional para su renovación.

El Intendente plantea razones de “necesidad y urgencia” para renovarlo ya – 8 años antes- sin licitación- por 30 años más, y cediendo tierras por 50 años.

La primera pregunta que necesita explicación lógica y fundamentada es; ¿Cuáles son esas razones de “necesidad y urgencia”?

Tal vez una respuesta posible podría ser la oportunidad de que ingresen más fondos en la alicaída economía municipal, pero sorprendentemente el proyecto presentado no toca la cuestión del canon anual que la empresa debe pagarle a los Barilochenses.

Ese canon anual es actualmente de 12.500 pases, lo que equivale aproximadamente al movimiento del Cerro en UN SOLO DÍA de alta temporada. Si ya es significativamente bajo ese canon hoy, proporcionalmente sería aún menor si esta prórroga no contempla un aumento, ya que la empresa multiplicará sus ganancias con los nuevos emprendimientos a encarar.

Otra cuestión a aclarar es cómo se compatibiliza este proyecto- que tiene una línea de desarrollo urbanístico-inmobiliario- con la prohibición de ceder tierras del Cerro Catedral fijada por nuestra Carta Orgánica, que define esta zona como “inalienable”. Aún si se argumentara que no se estaría cediendo la propiedad de las tierras, la misma Carta Orgánica prohíbe nuevos loteos y urbanizaciones en la zona oeste del ejido, hasta que se apruebe el Plan Estratégico.

No es menor la falta de un informe de Impacto Ambiental del proyecto, además de no explicar cómo se resolverá el tema de la provisión de agua, luz, gas, tratamiento de residuos cloacales, etc.

Cabe señalar que prácticamente todas estas dudas, objeciones y señalamientos fueron expresadas por el dictamen de la Asesora Letrada del Concejo Municipal. La funcionaria es una profesional nombrada por el oficialismo, lo que echa por tierra el argumento de los defensores del proyecto, quienes sostienen que las críticas y dudas planteadas cuestionándolo, son motivadas por “la oposición por la oposición misma”, por “razones políticas” o por querer poner “palos en la rueda”…

Mucho más grave es el inédito atropello institucional llevado adelante en estos días por el Ejecutivo, Presidente del Concejo y vocales oficialistas del Tribunal de Contralor, que impidieron la participación de la Presidente de dicho cuerpo en la Comisión de Transacciones, donde se iban a tratar temas relacionados con CAPSA-CERRO CATEDRAL. Desconociendo la Ordenanza 116-1992- que explicita claramente que es el Presidente del Tribunal quien debe representar al mismo- el oficialismo desplazó autocráticamente de la reunión a su Presidenta Julieta Wallace, esgrimiendo motivos “políticos”.

A pesar del carácter público de cualquier acto de gobierno, también se le prohibió el ingreso a otras personas, sesionando literalmente “a puertas cerradas”.

Más allá de que es muy probable que desde la Justicia se dé lugar a la impugnación de esta reunión por esta irregularidad y sus resoluciones sean nulas, la pregunta es por qué existe este empeño del oficialismo en descalificar y no dejar participar en estas instancias a la única representante de la oposición democráticamente elegida– llegando hasta desconocer la normativa vigente- cuestión que nunca había sucedido en 25 años de funcionamiento de la Comisión de Transacciones.

¿No sería más sano para la calidad institucional de nuestra vida democrática, que todos estos temas en cuestión, las irregularidades, las omisiones, y las dudas que existen sobre este proyecto se debatan ampliamente desde las distintas miradas que puede aportar la ciudadanía?

Si nuestra comuna utilizó la institución del Referéndum vinculante para decidir sobre la apertura de un supermercado, ¿no justifica mucho más que se consulte al pueblo sobre este proyecto, que pretende comprometer por medio siglo el destino de decenas de hectáreas del Cerro Catedral, el cual constituye un recurso estratégico clave para el desarrollo local de nuestro Bariloche?

Un proceso participativo posibilitaría que los vecinos y vecinas se informen, se incluyan diversas miradas, se mejoren los puntos poco claros de la propuesta; y -luego de evaluar costos y beneficios de cada una de las opciones posibles- sea la propia ciudadanía quien tome la decisión final.