La falta de implementación de una ley provincial sancionada hace más de una década volvió a instalar el debate sobre el acceso a la justicia en Sierra Grande. La normativa establece la creación de una fiscalía y una defensoría descentralizadas en la ciudad, pero hasta el momento esa estructura judicial no fue puesta en funcionamiento.
El planteo fue llevado ante la Procuración General por la integrante del Tribunal de Cuentas de Sierra Grande, Mirta López, quien mantuvo una reunión con el Procurador, Jorge Crespo, para solicitar avances en el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 4558, aprobada y promulgada en 2010.
Durante el encuentro, López expuso su preocupación por la falta de aplicación efectiva de esa normativa, que prevé que tanto la fiscalía como la defensoría funcionen en el ámbito de la Casa de la Justicia de Sierra Grande. La puesta en marcha de estas dependencias permitiría descentralizar servicios judiciales y acercar herramientas institucionales a la comunidad.
La funcionaria planteó que, en la actualidad, muchas personas deben trasladarse a otras localidades para realizar trámites o presentar denuncias, una situación que impacta en el acceso cotidiano al sistema judicial para vecinas y vecinos de la región.
De acuerdo con lo manifestado por López tras el encuentro, la reunión con Crespo se desarrolló en un marco de diálogo institucional. Señaló que el titular de la Procuración General recibió el planteo y manifestó disposición a analizar la situación, dejando abierto un canal de trabajo para evaluar alternativas que permitan avanzar en el cumplimiento de la normativa vigente.
“La gestión apunta a que se respete y se cumpla una ley sancionada hace más de una década y que constituye una herramienta para mejorar el acceso a la justicia en Sierra Grande”, expresó la integrante del Tribunal de Cuentas al referirse al planteo presentado ante el organismo judicial.
Finalmente, López indicó que continuará realizando gestiones institucionales para impulsar la implementación de lo establecido por la Ley 4558, con el objetivo de que la estructura judicial prevista por la norma pueda concretarse en la localidad.
9 marzo 2026
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