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Este martes desde las 12.30 está previstoque se inicie en los Tribunales de Viedma el juicio contra ex ministros y funcionarios provinciales de la gestión del gobernador Miguel Saiz por irregularidades en el cobro de adicionales salariales. La causa conocida como los "sobresueldos" se inicio a principios de 2011 por una denuncia del por entonces legislador Martín Soria, hoy intendente de Roca, presidente del PJ y candidato a gobernador por el FPV.
El tribunal integrado por los jueces Gustavo Lavayen, Ignacio Gandolfi y Carlos Valverde, inicialmente se iba a iniciar el 1º de junio, pero fue postergado por diferentes recursos interpuestos por los acusados.
Llegan a este juicio en calidad de imputados Los imputados son el ex secretario general de la Gobernación Juan Francisco González, los ex ministros de Educación César Barbeito, de Gobierno Diego Larreguy, de Producció Juan Accatino, de Salud Cristina Uría, de Turismo Omar Contreras y de Familia Alfredo Pega, además de los exfuncionarios José Ongaro, Sergio Pendas, Aníbal Hernández, Daniel Bossero y Gustavo Picchi.
En la causa se investiga la modalidad con la que abonaba un adicional salarial entre los ministros y funcionarios a su cargo, entre 2004 y 2011. La situación surgió ante los salarios bajos, en relación a otros poderes, que recibían los integrantes del gabinete y ante la decisión del entonces gobernador Saiz de no afrontar el costo político de incrementar los sueldos de sus funcionarios, se estableció esta estrategia de adicionales que fueron distribuidas desde la Secretaría General al resto de los ministerios, donde cada funcionario establecía entre quienes y que montos se distribuían, sin que existieran controles o criterios claros en su asignación.
Esta causa penal investiga la entrega de sumas de dinero, entre 2004 y 2010, a exfuncionarios y que fueron distribuidas por ministros o titulares de áreas como adicional salarial, pero sin control formal ni criterio en su asignación.
Todos los imputados están acusados por peculado, aunque las mayores responsabilidades apuntan a Barbeito y González por el manejo directo de estos fondos públicos. Además en el caso de Bossero y Pichi se les imputada además la figura de incumplimientos de los deberes de funcionario público, ya que como integrantes de un organismo de control no intervinieron ante esta situación.
Otro funcionario implicado, pero que no estará en este proceso es el ex Fiscal de Estado, Alberto Carosio, que acorralado por otras causas en su contra y la posibilidad cierta de ir a prisión optó por reconocer su responsabilidad en un juicio abreviado realizado a finales de 2016. Reconoció haber incurrido en incumplimientos de los deberes de funcionario publico y se le impuso una condena de un mes de inhabilitación a ejercer cargos públicos y una multa de 13 mil pesos.
El número de testigos se planteó inicialmente por encima de los 300 pero el Tribunal descartó a varios y finalmente seleccionó a cerca de medio centenar.
19 diciembre 2025
Río Negro