La ex intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, evaluó que el avance de las políticas de ajuste acordadas por el Gobierno Nacional y el FMI, pondrá en riesgo medio millón de puestos de trabajo sólo en la obra pública. Pidió además que se respeten los contratos con INVAP y advirtió que, en Río Negro, los salarios serán la variable de ajuste.

Luego de las expresiones del Presidente Mauricio Macri en su paso por Bariloche, Martini expresó su preocupación por la situación que atraviesa INVAP y el futuro incierto para sus trabajadores por la cancelación de los contratos.

“Tuve el placer de compartir el lanzamiento del ARSAT 1 y ARSAT 2 con los técnicos de INVAP. Por la pasión y compromiso que dedican y por ser partícipes de grandes logros tecnológicos de nuestra historia, no merecen este destrato”, evaluó la referente del FPV barilochense.

Martini sopesó algunos datos para argumentar su preocupación por el futuro inmediato del país. El ajuste, en base al recorte del presupuesto 2019, llegará a los 300.000 millones de pesos en la inversión pública: “Un 30 por ciento menos de llamados a licitación y un grave atraso en los pagos a proveedores”, consideró, trasladándose en la eliminación –según estimaciones de la UOCRA- de casi medio millón de puestos de trabajo en la construcción.

Agregó que en la obra pública hay dos componentes presupuestarios: por una parte, las inversiones directas de capital que Nación hace en las provincias y que significan el 25% del total, y por otro, las transferencias de capital que los gobernadores utilizan para la compra de maquinaria o ejecución de esas obras. “Por ambos rubros, hasta fines de mayo Río Negro había recibido de Nación 1.650 millones; vale decir, casi 700 millones de pesos menos que durante 2017”.

A esa significativa caída se le debe añadir la inflación, con fuerte impacto en la obra pública, producto de los aumentos en el sector hidrocarburífero. “YPF incrementó el precio en un 53% en lo que va del año”, ejemplificó.

“El gobierno Nacional negocia hoy con las provincias que asuman la mitad de ese ajuste presupuestario”, contextualizó, anticipando que en Río Negro el recorte significará 5.000 millones (2.300 millones menos girará Nación, y 2.800 millones es la deuda que la provincia deberá pagar a partir del Pacto Fiscal para equilibrar sus finanzas). Esta suma representa para la provincia más de tres masas salariales de sus empleados públicos, por lo que “es esperable que el ajuste venga con los sueldos como principal variable de ajuste, con paritarias a la baja”.

Además de la obra pública, Martini estimó que las partidas discrecionales (es decir, aquellas que no son automáticas por Ley, como la coparticipación y el Fondo Sojero), serán las más afectadas. Entre ellas, los Aportes del Tesoro Nacional, los subsidios al transporte y la energía o recursos para educación y salud.