El representante de la oposición legislativa en el Consejo de la Magistratura, Nicolás Rochás, aprovechó la consulta que le realizaron en el marco de un sumario a un secretario, para elevar un contundente mensaje a los jueces del Tribunal Electoral y del STJ, que deberán resolver sobre las impugnaciones realizadas al intento de Weretilneck de ir por un nuevo mandato.

Ante la consulta sobre la renuncia del secretario en cuestión Rochas contestó “la aceptación de toda renuncia de un magistrado o funcionario del Poder Judicial, es competencia exclusiva del Superior Tribunal de Justicia, razón por la cual nada debe este Consejero expresar al respecto”. 

El parlamentario del FPV se expresó a favor de “la necesidad de llevar adelante un Juicio Político; todo ello, con independencia de la situación de revista de ese magistrado o funcionario”.

Allí Rochas se metió en un tema que preocupa a todo magistrado en proceso de retiro o jubilación  porque sentó posición como miembro del Consejo de la Magistratura argumentando que “todo aquel que ostentando status judicial, cometió faltas en el ejercicio de su cargo, está sujeto al enjuiciamiento político que prevé nuestra Constitución, con prescindencia de si se reporta en el servicio activo del Poder Judicial”.

El legislador tiró un mensaje por elevación al STJ y el Tribunal Electoral, aduciendo que “en especial, lo digo no sólo por el caso que nos convoca, sino fundamentalmente por aquellos magistrados que, hipotéticamente, ante la posible comisión de un delito, o ante una eventual anuencia en la violación de una cláusula constitucional realizada en el ejercicio de su alto cargo, podrían llegar a ser sometido a Juicio Político. Todo ello, con independencia (o no) de que haya sido aceptado su retiro en el marco de la Ley 24.018, mal llamada jubilación”.

Rochás indicó que a su entender “cualquier magistrado o funcionario por más alto cargo que ostente, que viole o consienta la violación a la ley, pero principalmente a nuestra Carta Magna, debe y merece ser juzgado aun cuando no se reporte dentro de la plana activa del Poder Judicial. Y, eventualmente, serán exonerados y perderán el status judicial que pudieran tener, con independencia de que estén en actividad o gozando de los generosos haberes que la ya referida Ley 24.018 les otorga”.

Por último el miembro del Consejo de la Magistratura aclaró que dejaba plasmado este posicionamiento político-institucional “que no sólo va de la mano de lo que coherentemente venimos sosteniendo desde hace tiempo, sino esencialmente con lo que marca la Constitución”.