Durante la jornada del sábado, la ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, mantuvo una reunión con la Federación de Inquilinos Nacional, en donde escuchó propuestas orientadas a llevar tranquilidad a los 9 millones de inquilinos del país.

Puntualmente, las organizaciones pidieron a la ministra tres puntos: que el Estado pague la deuda que los inquilinos acumularon en este tiempo de aislamiento (sin tener la posibilidad de trabajar), que se apruebe la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados, que se prorrogue el Decreto 320 al menos por dos años, y que se garantice un organismo para hacer cumplir el derecho que otorga el decreto.

La ministra Bielsa expresó que va a analizar las medidas, y que dará una respuesta en los próximos días.

"Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y algunos pocos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo. No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo", aseguraron.

"El alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia. La emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo".

Además, señalaron que "en 2015 teníamos un salario de 580 dólares promedio, que en enero de 2020 terminó siendo de 221, y luego vino la pandemia. Y eso abarca al que tiene un ingreso asegurado; imaginemos a quienes son parte de una economía cuentapropista o informal, que prácticamente usa los pocos ingresos para comer y no pueden pensar siquiera en una mudanza, o en pagar deudas, porque sin trabajo no hay nada".