El bloque de legisladores del Frente de Todos pidió informes al Ejecutivo provincial para que explique las demoras en la implementación de una norma que en buena medida garantiza el acceso a la tierra y la vivienda, como es la denominada Ley Pierri.

“El Estado provincial dispone de las herramientas pero no las aplica”, aseguró la presidenta del bloque del  Frente de Todos, María Eugenia Martini.

“Río Negro sufre una profunda problemática con el acceso a la tierra y la vivienda. Son situaciones violentas muchas veces, que se multiplican sin encontrar una solución definitiva”, señaló la legisladora al presentar el pedido de informes dirigido al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

“Por supuesto que si el Gobierno tuviera alguna iniciativa será bienvenida; sin embargo la Ley Pierri está vigente desde hace años, y es una respuesta eficaz a la que el Ejecutivo provincial no ha hecho más que ponerle trabas. La gobernadora debería ponerla en marcha en forma inmediata”, añadió.

La Ley nacional 24.374 o “Ley Pierri” establece la regularización dominial de inmuebles urbanos que tengan como destino el de vivienda única y permanente a favor de ocupantes que por no disponer de recursos no hubieran podido completar los trámites de escritura de sus hogares, pero que no obstante puedan acreditar la posesión pública, pacífica y continua de la propiedad durante 3 años.

Río Negro adhirió a la Ley Pierri, mediante la Ley provincial 3.396 sancionada en el año 2000, pero demoró casi dos décadas hasta su reglamentación instrumentada por el Decreto 1167 de octubre de 2017.

Este Decreto designa al IPPV como autoridad de aplicación para coordinar con los municipios la instrumentación de la Ley, fija además una fecha de corte (los 3 años de ocupación del inmueble deben ser anteriores al 1 de enero de 2009); establece como requisito que los beneficiarios acrediten su permanencia en el lugar (a través de un boleto de compra venta,  recibos de pago de impuestos y servicios u otras constancias), y un plazo no mayor a 30 días para que otros particulares que se consideren con derecho a la propiedad puedan objetar el trámite.