Desde diferentes sectores políticos y sindicales siguen las expresiones de apoyo al legislador y dirigente gremial de SITRAJUR, Pablo Barreno tras su imputación por parte de la fiscal Maricel Viotti Zilly de violar el aislamiento durante la pandemia.

La liga de concejales del Frente de Todos respaldó al legislador Pablo Barreno. “Esta denuncia contra uno de los máximos referentes de SITRAJUR es una violación a los derechos gremiales y un acto indigno contra la democracia. Lo más lamentable es que este acto sea impulsado por el Supremo Tribunal de Justicia de nuestra provincia”, expresaron desde ese órgano.

Las y los ediles consideraron que “este ataque al compañero Pablo Barreno es un intento de disciplinar a los trabajadores y trabajadoras y sería de una gravedad extrema que contenga alguna connotación política contra un legislador del FDT”.

“Es un obligación y un derecho de las entidades sindicales recorrer y constatar que sus trabajadores tenga las condiciones necesarias y seguras para llevar a cabo sus tareas, en un lugar donde sus derechos estén respetados y no corran peligro alguno, justamente el velar por estos derechos es lo que se busca castigar. Buscan criminalizar la actividad gremial en un claro atropello hacia los y las trabajadoras”, señaló el titular de la liga de concejalxs Luciano Ruiz.

En tanto, la Federación Judicial Argentina repudió “la actitud de persecución política ejercida por el Estado rionegrino contra trabajadores judiciales, entre ellos el secretario gremial de FJA, compañero Pablo Barreno, a quien hacemos llegar nuestra solidaridad”.

Puntualizó que “la criminalización de la actividad sindical es impulsada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro a través de su presidenta, Liliana Piccinini”.

A su vez, la agrupación Acción Peronista Viedma también se solidarizó con Barreno “y rechazamos la acusación impulsada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en cabeza de la Dra.  Liliana Piccinini, a través del brazo ejecutor de la fiscal Maricel Viotti Zilly”, dijo.

En el fuerte comunicado denunciaron que se trata de un caso de lawfare “a la rionegrina” por parte del Poder Judicial de la provincial contra el legislador viedmense.