La Justicia reformuló los cargos contra los imputados en la causa que investiga a los directivos de una empresa de cobros por una millonaria estafa denunciada por firmas concesionarias de servicios públicos de Río Negro.

Según informó el Diario Río Negro, la decisión fue duramente cuestionada por la parte querellante, considerando que “es verdaderamente preocupante que el fiscal Guillermo González Sacco, con los mismos fundamentos probatorios de hace un año -cuando formuló los cargos-, ahora diga que en realidad los imputados estafaron a Edersa en una suma irrisoriamente inferior a lo que había indicado en marzo de 2022”. Esas declaraciones corresponden a Luciano Perdriel, representante legal de la distribuidora de energía eléctrica y de Gire SA, firma que bajo la denominación de Rapipago habría sido perjudicada en 16.700.000 pesos.

Desde Edersa indicaron que a partir de ese “giro inesperado y, con el mismo informe de pruebas”, ahora se acusó a la presidenta de la empresa acusada y a su responsable operativo por una defraudación no ya de 147.800.000 de pesos, como lo había hecho en un principio, si no por 30.000.000 de pesos”.

Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal, “el avance de la investigación permitió determinar que el hecho se habría perpetrado entre los primeros tres meses del año 2021 con un perjuicio estimado en 30 millones de pesos”.

Desde la Fiscalía aseguraron que el monto restante declarado al principio de la investigación “constituye una deuda que Siglo XXI mantenía con la Empresa” y “ello pudo especificarse a partir del exhaustivo trabajo de pericia que realizó el equipo de contadores del Ministerio Público”. 

Si bien la querella se opuso a tal precisión (mientras que la Defensa oficial compartió la “limitación del elemento temporal”), el Juez de Garantías que intervino admitió la reformulación de cargos requerida, al entender que el hecho imputado está correctamente descripto más allá del monto en perjuicio.

Edersa dice que podría ser una riesgosa jurisprudencia

Desde Edersa insistieron en que la postura del fiscal genera preocupación, “por la jurisprudencia que podría generarse a partir de una reformulación de cargos de este tipo”.

“Es muy importante recordar que los acusados no sólo provocaron un accionar defraudatorio contra dos empresas privadas, ya que también lo hicieron en perjuicio de Aguas Rionegrinas -2.160.000 pesos- y el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro”, advirtió el abogado.

Sobre ese último caso, Perdriel dijo que “Siglo XXI concretó una estafa y se quedó con dineros y comisiones que estaban destinados a la ayuda y el desarrollo de pequeños productores del interior de la provincia”, dijo. Ese monto habría ascendido a 1.044.659 pesos.

El letrado sostuvo que “debe quedar bien en claro que no se trató de cualquier estafa, por la metodología y la ingeniería desarrollada para la misma, y por los montos ya señalados. No se puede usar los mismos argumentos legales que frente a un robo o estafa menor”, culminó.

Desde el Poder Judicial informaron que, en todos los casos, el Ministerio Público Fiscal le endilga a los imputados, en su rol de responsables de la recaudación y administración de los fondos, que violaron los deberes establecidos a través de la firma de convenios con cada una de las empresas y organismos “con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido”.

También se detalló que, mientras continúe la investigación penal preparatoria en la que tanto la acusación como la Defensa Pública deberán avanzar en sus respectivas teorías del caso, se mantendrán las medidas cautelares que ya se les había impuesto a los imputados de inhibición general de bienes y prohibición de salida del país.