La Fiscalía pidió declarar culpable al docente acusado de abusar de once alumnas

Los alegatos del juicio oral concluyeron con el pedido de condena del Ministerio Público Fiscal, las querellas y la Defensoría de Niñez. La sentencia se conocerá el 2 de julio

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El juicio oral contra un docente acusado de abusar sexualmente de once alumnas de dos escuelas de San Antonio Oeste ingresó en su etapa final. Tras los alegatos realizados este viernes en Viedma, el bloque acusador solicitó que el imputado sea declarado penalmente responsable de los once hechos que se le atribuyen, mientras que la defensa pidió su absolución. El tribunal dará a conocer la sentencia el próximo 2 de julio, a las 11.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Hernán Trejo y el fiscal del caso Gustavo Arbués, sostuvo que la prueba producida durante el debate confirmó la acusación presentada al inicio del juicio. Para Trejo, los testimonios incorporados permitieron acreditar "un mismo patrón de actuación" respecto de las once niñas.

El fiscal explicó que, aunque las víctimas tenían distintas edades, pertenecían a diferentes grados y asistían a dos establecimientos educativos, describieron situaciones similares ocurridas durante las clases de plástica cuando fueron entrevistadas por separado. Señaló además que la acusación se sustentó en las declaraciones realizadas mediante Cámara Gesell, los informes de la profesional que llevó adelante esas entrevistas, las denuncias formuladas por madres y otros adultos responsables, y las evaluaciones efectuadas por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense.

Trejo defendió la validez de las entrevistas realizadas a las niñas al señalar que fueron desarrolladas bajo protocolos específicos para la niñez, con preguntas abiertas y sin intervenciones sugestivas. También rechazó que el tiempo transcurrido entre las denuncias y las entrevistas hubiera afectado la confiabilidad de los relatos, al sostener que las coincidencias se mantuvieron en los aspectos centrales y que las diferencias respondían a la forma en que cada niña recordó y expresó lo ocurrido.

En la segunda parte de los alegatos, el fiscal Gustavo Arbués analizó uno por uno los once hechos incluidos en la acusación, tomando en cuenta las declaraciones en Cámara Gesell, las observaciones de la perito entrevistadora, los testimonios brindados durante el juicio por madres, abuelos y abuelas denunciantes, y las conclusiones de los peritos que intervinieron durante la investigación.

La acusación calificó los hechos como abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación, en concurso real y en calidad de autor, conforme a los artículos 119, 45 y 55 del Código Penal.

Los abogados querellantes adhirieron al planteo de la Fiscalía y sostuvieron que las declaraciones de las niñas resultaron consistentes con su edad y con el contexto en el que ocurrieron los hechos denunciados. Uno de ellos afirmó que "las niñas no mintieron" y remarcó que cada una pudo relatar lo sucedido con sus propias palabras, sin que los testimonios fueran idénticos entre sí. Otro de los representantes de las víctimas cuestionó la estrategia de la defensa por poner en duda de manera reiterada los relatos de niñas de entre seis y ocho años.

En la misma línea, el defensor oficial de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan José Álvarez Costa, consideró que la prueba reunida durante el debate permitió acreditar la acusación "más allá de toda duda razonable". También sostuvo que el proceso debía analizarse con perspectiva de género y de niñez, y advirtió que el ejercicio del derecho de defensa no puede derivar en nuevas situaciones de revictimización para las niñas. "El proceso no puede transformarse en una picadora de carne para las niñas que están siendo sometidas a él", expresó.

Por su parte, el abogado defensor solicitó la absolución del imputado al sostener que la acusación presentaba inconsistencias y que el juicio dejaba "más dudas que certezas". Afirmó que los testimonios resultaban contradictorios y pidió al tribunal que aplicara el estándar de prueba requerido para una condena penal.

Antes de finalizar la audiencia, varias madres y una abuela de las niñas estuvieron presentes en la sala y reclamaron justicia. Destacaron la valentía de las víctimas por haber podido contar lo ocurrido pese a su corta edad y señalaron que su presencia buscó acompañarlas y garantizar que sus voces fueran escuchadas. El imputado también hizo uso de la palabra, reiteró su inocencia y pidió ser juzgado únicamente sobre la base de las pruebas incorporadas al proceso.

El debate oral comenzó el 9 de junio en Viedma y analizó hechos que, según la acusación, ocurrieron cuando las niñas asistían a las clases de plástica que el docente dictaba en dos establecimientos educativos de San Antonio Oeste. La resolución del tribunal será dada a conocer el jueves 2 de julio.

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