La Corte Suprema de la Nación cerró definitivamente la causa de Atahualpa Martínez Vinaya, el joven de 18 años asesinado en 2008 en Viedma. El fiscal de cámara Fabricio Brogna presentó un recurso de queja en octubre de 2020, el cual fue desestimado por la Corte Suprema. Con esta decisión, la causa queda totalmente cerrada y sin responsables del homicidio.

Este triste hecho que conmovió a la sociedad tuvo a la familia de la víctima como principal motor para llegar a la verdad. Hubo dos procesos judiciales, con sus imputados absueltos; el trabajo de una Comisión Investigadora de la Legislatura provincial y el juicio político a la jueza Daniela Zágari por su actuación como la primera fiscal de la causa.

En abril de 2019 se realizó el segundo juicio contra dos de los tres acusados que ya habían sido absueltos en el primer proceso y -tras llegar a la misma conclusión- el tribunal decidió remitir al Ministerio Público Fiscal las actuaciones para que determine la posible participación de una persona que fue mencionada varias veces e identificado. La decisión final de la Justicia rionegrina en 2021 fue pasar las actuaciones al archivo porque no había elementos nuevos que involucraran a esa persona y se puso énfasis en que hay prueba que se ha perdido de producir, básicamente pericias de ADN.

Los dos juicios no tuvieron culpables. Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Fernández Barrientos fueron los primeros sospechosos del asesinato y llegaron a juicio en octubre de 2014. Sin embargo, el tribunal los absolvió porque “no hay elementos que relacionen a la víctima con los acusados”. Más tarde, ese fallo fue declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia y se abrió la puerta para un nuevo proceso.

El segundo juicio fue a fines de abril de 2019, Carrasco y Morales Toledo fueron absueltos -Barrientos no fue acusada por la fiscalía- por el tribunal. La sentencia absolutoria contuvo serios planteos al accionar de la acusación porque no llegó a ubicar a los acusados en el mismo lugar donde se vio por última vez con vida al joven, solo presentó “ciertos indicios” a los que calificó de “ambiguos” e “impertinentes” para la causa, entre otras consideraciones.

En diciembre de 2022, la Justicia de Río Negro condenó a la Provincia a pagar 6 millones de pesos a la familia de Atahualpa Martínez por los daños ocasionados por la «falta del servicio judicial», producto de las frustradas investigaciones y procesos señalados. El juez Contencioso Administrativo Julián Fernández Eguía resolvió una demanda planteada por familiares del joven, donde solicitaron una reparación por los daños y perjuicios ocasionados debido a la “negligencia, omisión y disfuncionalidad del Poder Judicial”.

En junio de 2019 los abogados querellantes Julia Mosquera y Favio Igoldi presentaron una denuncia penal en representación de la familia de Atahualpa Martínez Vinaya para que se investigue a Leandro Mildenberger por su presunta responsabilidad en el homicidio del joven, ocurrido el 15 de junio del 2008. Esta presentación no prosperó por falta de pruebas contra el denunciado.