El Ministerio Público Fiscal resolvió hoy convocar a una audiencia en la que reformuló los cargos contra la ex intendenta, hoy legisladora y presidenta del bloque legislativo del Frente de Todos, María Eugenia Martini, por la causa de las viviendas sociales financiadas por Nación bajo el programa Techo Digno.

La nueva figura en la que se encuadra a Martini es la de peculado. Además suma al expediente al ex inspector municipal de obra, Alfredo Milano, quien tuvo a su cargo el seguimiento técnico del programa.

Concluido el plazo de prórroga solicitado hace un año por el ministerio Público Fiscal, para continuar con la investigación, hoy se realizó la reformulación de cargos. Cabe recordar que esta es la segunda prórroga otorgada, la primera, en 2020, había sido por 6 meses. 

“Después de siete años, todavía no puedo saber con claridad de qué se me acusa, y la fiscalía hasta hoy sigue pidiendo prórrogas y reformulando los cargos”, señaló Martini durante su alocución.

El vínculo de Martini con el programa Techo Digno, refiere a los desembolsos sucedidos su intendencia, a partir de 2014. Luego, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió el envío de remesas, y el programa concluyó con la entrega de las viviendas, pero financiadas por la provincia de Río Negro.

En 2017 el juez Claudio Bonadío inició la causa que abarcó distintas provincias, aunque luego la abandonó sin consecuencias penales y giró los expedientes a las respectivas jurisdicciones.

Transcurridos siete años, Río Negro es la única provincia que todavía continúa con la investigación.

En 2019 el Procurador General, Jorge Crespo, creó un grupo especial de fiscales para avanzar en las distintas circunscripciones en el proceso Penal que, después de más de un lustro, aún se encuentra en su primera instancia, tras sucesivas prórrogas que concluyen ahora con renovadas imputaciones.

“Por motivos que a estas alturas ya no parecen ser judiciales la causa contra mí, junto a otros jefes comunales y empresarios, se extiende en el tiempo, con prórrogas sucesivas, imputaciones que no se prueban, nuevas imputaciones, nuevas prórrogas, y ya han transcurrido siete años sin que quienes me acusan hayan podido mostrar nada que confirme ninguna sospecha de fraude o desmanejo de un solo centavo destinado al proyecto”, señaló Martini.

“Hace un año teníamos la ilusión de que por fin la causa avanzara, nos permitiera conocer las imputaciones, ver las pruebas y tener la oportunidad de responder. Sin embargo no hubo pruebas y la imputación se cayó sola, pero entonces, tras la prórroga, ahora la fiscalía presenta nuevos actores en el expediente y nuevas acusaciones, y el ciclo vuelve a comenzar una vez más”, agregó.

“El desgaste personal y familiar ha sido enorme”, describió Martini, “durante años fui sospechada y maltratada públicamente, y una se pregunta si habiendo estado siempre a Derecho, habiendo comparecido cada vez que se me reclamó y habiendo respondido puntualmente con la documentación en la mano, todavía se puede esperar justicia de un proceso que interminablemente se extiende y se renueva en el tiempo”.

“Tal es así que ni siquiera puedo defenderme debidamente, porque después de siete años en la causa, todavía no puedo saber con claridad de qué se me acusa, y la fiscalía hasta hoy sigue pidiendo prórrogas y reformulando los cargos”, subrayó.

“Mi vida sigue siendo materialmente la misma. Me fui de la intendencia tal como llegué. Sigo viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, con el mismo sueldo que me da mi profesión”.

Finalmente Martini recordó que “fui la primera en presentarme espontáneamente ante el ex juez Claudio Bonadío para aportar toda la documentación que acreditaba lo actuado, tan pronto como comenzó esta causa”.

Y mencionó que “Todos los organismos de control dispusieron en su momento de la documentación pertinente. No hubo ninguna objeción. Realizaron el seguimiento de rigor y aprobaron el desarrollo de los contratos referidos al Plan Techo Digno, entre ellos, el Tribunal municipal de Contralor que aprobó todo lo actuado. Esto que digo es público y cualquiera puede comprobarlo”.

Sebastián Arrondo, a carga de la defensa de Martini, explicó que “el acto de reformulación de cargos, es un acto en el que no se discute la prueba, y en consecuencia es muy limitada la defensa que se puede ejercer”; a su juicio, “el fiscal está aprovechando la provisoriedad del acto para hacer la reformulación y de tal modo afecta el debido proceso y el derecho a la debida defensa”.