La muerte de un niño de 11 años ocurrida durante una clase de natación en una pileta municipal de General Roca derivó en la imputación de dos personas por el delito de homicidio culposo. El hecho se remonta al 22 de diciembre de 2023 y es investigado en el marco de una causa que busca determinar las responsabilidades en torno a lo sucedido.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, las personas imputadas —una profesora de natación y un guardavidas— estaban a cargo de un grupo de seis chicos y chicas en el momento del episodio. Según se detalló, la actividad se desarrollaba alrededor de las 11:40 cuando se les indicó un ejercicio dentro del agua.

En ese contexto, el niño no habría salido a la superficie junto al resto del grupo, situación que, según la fiscalía, fue advertida minutos después por quienes estaban a cargo. Tras detectarlo, ambos lo retiraron del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de una ambulancia.

La hipótesis fiscal sostiene que existió una omisión en el deber de cuidado, al no haberse advertido de manera inmediata lo que ocurría. En ese sentido, se indicó que el tiempo prolongado de inmersión sin asistencia habría derivado en un cuadro de asfixia por sumersión, que finalmente provocó el fallecimiento del niño.

La calificación legal definida para esta instancia es la de homicidio culposo, en función de lo establecido en los artículos 45 y 84 del Código Penal. Para sustentar la imputación, la fiscalía presentó una serie de elementos probatorios que incluyen actuaciones policiales, informes médicos, entrevistas, registros de cámaras de seguridad y los resultados de la autopsia junto a su ampliación.

También forman parte del expediente informes del municipio de General Roca, intervenciones del Gabinete de Criminalística, el Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro y declaraciones obtenidas mediante Cámara Gesell.

Por su parte, la defensa pública que asiste a las personas imputadas planteó que no existen elementos suficientes para formular cargos en esta etapa del proceso. En ese sentido, solicitó la realización de un estudio histopatológico para profundizar el análisis sobre la causa de la muerte y sostuvo que no se habría configurado delito alguno.

Durante la audiencia, y con la presencia de la madre y el padre del niño acompañados por la querella, la jueza de Garantías interviniente señaló que la investigación deberá determinar si el fallecimiento fue consecuencia de una negligencia o imprudencia por parte de quienes estaban a cargo, o si respondió a una condición previa de salud que no podría haberse evitado aun con la diligencia debida.

Finalmente, la magistrada dio por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía —con adhesión de la querella— y dispuso la apertura de la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses para la producción de nuevas pruebas.