Se llevó a cabo en Viedma la audiencia paritaria judicial entre el gremio SITRAJUR y las autoridades del Superior Tribunal de Justicia con el arbitrio del Ministerio de Trabajo.

El objetivo central de esta reunión fue discutir la recomposición salarial para los trabajadores judiciales. El sindicato, liderado por Emiliano Sanhueza, enfatizó la necesidad de realizar esta paritaria dada la información del índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que alcanzó un preocupante 12,7%. La mensualización de la discusión salarial se planteó como una estrategia para seguir de cerca el proceso inflacionario y evitar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores judiciales, especialmente en las categorías iniciales.

En este contexto, se solicitó la presentación del informe de masa salarial, que detallara cuánto de la misma corresponde a las categorías de trabajadores y cuánto a funcionarios. Este informe se consideraba esencial para que la parte sindical pudiera analizar una redistribución más equitativa de los recursos, dado que estos ingresos, aunque pertenecen a los funcionarios por su trabajo, son fondos públicos y, como tal, deben ser transparentes en el proceso de negociación colectiva.

El representante del Superior Tribunal de Justicia, el contador Abel Peña, se encargó de describir la situación presupuestaria y financiera del sector público, destacando las diferencias entre las recomposiciones otorgadas en el ámbito ejecutivo y las negociadas en el Poder Judicial. En particular, mencionó las sumas fijas no remunerativas y no bonificables liquidadas en el Poder Ejecutivo y su sustitución por porcentajes, como el acordado en septiembre.

En relación a la recomposición para el mes de octubre, después de un intercambio de opiniones, se ofreció un aumento del 12.7% remunerativo y bonificable, en sustitución del 5% previamente acordado. Esta recomposición afectaría a diversos aspectos, incluyendo el valor de la hora extra, bonificaciones, y el reintegro de gastos de comisiones de choferes y personal de mantenimiento.

Sin embargo, la bonificación por antigüedad no podría ser abordada en el actual contexto presupuestario y financiero, según lo expresado por la representación del Tribunal.

Las partes acordaron volver a reunirse una vez que se conozca el índice de inflación del mes de octubre o antes, si así se decide para el resto del Sector Público Provincial. La oferta realizada en la reunión sería sometida a la consideración de los afiliados en asambleas que se llevarían a cabo en toda la provincia.