Un tribunal de juicio de Roca, por unanimidad, declaró a un hombre y a una mujer responsables como coautores del delito de estafa, reiterado en 10 hechos. Se trata de una investigación que llegó a juicio oral y público por la denuncia de un grupo de personas damnificadas en la edificación de viviendas o en la provisión de materiales de construcción que habían contratado con la empresa constructora y la ferretería- corralón de la pareja.

Los hechos investigados ocurrieron en Roca, entre mediados de 2020 y mediados de 2022. En el juicio se acreditaron las estafas sufridas por 10 víctimas.

El Tribunal sostuvo que el paquete de pruebas presentado por la fiscalía y la parte querellante fue “preciso, convergente y concordante” para tener “certeza positiva” sobre los hechos y la culpabilidad de los acusados.

En dos casos, se consideró probada la estafa por la no construcción de la vivienda contratada por las víctimas. “Fueron engañados, las casas nunca llegaron a construirse”, indicaron los jueces en su veredicto. “No fue un incumplimiento contractual. Desde el inicio los imputados sabían que no tenían la capacidad técnica, económica y financiera para llevar adelante la construcción de viviendas. La participación de un escribano en el contrato y la firma de pagarés era para darle una apariencia de seriedad y seguridad al negocio jurídico, que de no haber sido así, probablemente no se hubiera realizado. Toda esa tarea fue parte de una maniobra cuyo objetivo era asegurar la disposición patrimonial de las víctimas”.

Entre sus fundamentos el Tribunal recalcó que “la empresa constructora InTec no tenía habilitación comercial para la actividad, tampoco profesionales propios de la actividad como arquitectos o maestro mayor de obra, no había planos ni se especificaba la cantidad y la calidad de los materiales comprometidos”.

En los otros ocho casos, las estafas se configuraron con la venta de materiales de construcción a través del comercio que dirigían los imputados, que no tenía habilitación municipal, ni estaba registrado en AFIP ni en el Registro de Personas Jurídicas. “La venta de materiales en ferretería Terrasur era un escaparate para atrapar incautos. No tenía habilitación comercial y vendía materiales de construcción que no tenía en su haber. La modalidad de acopio era una falsedad, porque no tenían en su poder los materiales que vendían. No cumplieron con las entregas pactadas, en algunos casos el incumplimiento fue total y en otros fue parcial”, se expresó.

La próxima etapa del proceso es la audiencia de cesura, en la que se definirá el monto de la pena que deberán cumplir las personas condenadas.