Desde hace algunos años el Estado en sus diferentes estamentos y escalas busca echar una mirada hacia adentro de su estructura funcional con un aparente objetivo de revisar prácticas enquistadas, modernizar, erradicar funcionamientos, usos y costumbres que atenten contra las personas y cambiarlas por nuevas buenas prácticas.

Para eso se han creado oficinas y hecho protocolos, se generaron cursos, se adhirió a leyes como la denominada “Micaela” y se profesa el respeto por los trabajadores más allá de las cuestiones salariales en un sentido personal, individual y de identidad; que respete a cada agente público  y los libre de todo maltrato de sus jefes o jefas. En la práctica la violencia laboral existe y no da muestras de estar en extinción.

A nivel provincial, en los tres poderes se han creado y promovido espacios de defensa de trabajadoras y trabajadores, cada uno con sus características. En el Poder Judicial se creó inicialmente una oficina de Género, que posteriormente cobró mayor injerencia institucional y pasó a llamarse Oficina de Derechos Humanos y Género, una división con rango de Dirección dentro de la estructura del Poder Judicial rionegrino en Viedma.

Mediante los mecanismos de concurso del Poder Judicial accedió como titular de esa oficina la profesora Fernanda Díaz, quien desde 2021 estuvo al frente de una oficina que, paradójicamente, debía tramitar situaciones de malos tratos a empleados. Por malos tratos fue denunciada por tres empleados a su cargo.

Díaz renunció en las últimas horas al cargo y, según la filial roquense del gremio de los trabajadores judiciales, SITRAJUR, lo hizo para evitar las sanciones que pudieran caberle en un sumario si persistía. Según trascendió, hay tres denuncias en su contra por presunta violencia laboral, la tarea que precisamente esa oficina a su cargo buscaba erradicar del ámbito laboral judicial rionegrino.

“El hecho de que la funcionaria haya dejado su cargo en medio de acusaciones y denuncias por maltrato y violencia laboral hacia sus subordinados no es un dato para dejar pasar, porque desenmascara el fracaso e ineficacia de las acciones concretas tomadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para erradicar y prevenir la violencia en sus diversas vertientes enquistada en el seno mismo de nuestro Poder Judicial y su abordaje con perspectiva de género, en cumplimiento de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es parte, entre ellos el convenio 190 de la OIT”, reza un comunicado emitido por la seccional General Roca de Sitrajur y firmado por su secretaria general, Fernanda Maidana.

El comunicado agrega que “el observatorio es el organismo de aplicación del protocolo de violencia laboral, que en los hechos decide si hay o no violencia y cuando lo juzga procedente se permite recomendar, como ya lo ha hecho, se inicie sumario disciplinario a la víctima de violencia laboral a modo de represalia. En muchos otros casos el organismo paralizó el trámite por amiguismo”.

“No hay lugar a dudas que el espacio creado es en realidad un ‘Obvservatorio’, que en vez de servir a la aplicación del protocolo,  se ha convertido a poco de entrar en vigor la norma en un instrumento que reproduce la violencia, que sirve para identificar a las víctimas de violencia dispuestas a efectuar denuncias para acallarlas y advertir inmediatamente al victimario, ponerlo en resguardo y facilitar la represalia a la víctima, para luego terminar dictaminando que no existe violencia laboral o que la persona (denunciante) es la violenta  y recomendar se inicie sumario administrativo”, puntualiza.

Además de cuestionar a las autoridades judiciales por lo que consideró una “falta de voluntad” para “implementar una política seria con instrumentos jurídicos eficaces”, la dirigente gremial expresó que “la salida por la puerta de atrás de una funcionaria con la máxima responsabilidad en el área, librándola de posibles sumarios por violencia es una prueba irrefutable del fracaso de la política del Poder Judicial en la materia”.