Un sanatorio, dos médicos y sus respectivas aseguradoras deberán cubrir todos los gastos de una adolescente mientras avanza la demanda civil que inició la familia por un presunto caso de mala praxis.
Siendo una niña sufrió un siniestro vial y fue operada. En la demanda principal, la familia asegura que la deficiente intervención quirúrgica en un centro médico de Roca le habría causado una incapacidad total.
Mientras en el
expediente principal se recopilan las pruebas para determinar
efectivamente las responsabilidades del caso, en otro proceso la
familia inició una “acción preventiva del daño”. Esta figura,
reconocida en el Código Civil y Comercial de la Nación, permite
fijar una cobertura para evitar que se agrave un daño provocado por
cualquier tipo de acción antijurídica, basándose en una visión
del derecho como una herramienta para prevenir y no sólo para
indemnizar los daños ya producidos.
Un fallo del
Juzgado Civil N° 9 de Roca hizo lugar a la acción preventiva y
condenó a los seis demandados a abonar una suma fija por mes,
basándose en los gastos y necesidades urgentes que acreditó la
familia de la adolescente, en concepto te tutela anticipada.
Pero tanto la familia como los demandados apelaron la medida y el caso fue nuevamente analizado por la Cámara Civil de Apelaciones. Ese Tribunal definió ahora una cobertura mayor, que además de la suma fija mensual incorpora la provisión de un colchón ortopédico, una cama ortopédica y una silla de ruedas para que la adolescente “pueda tener acceso a una estadía más cómoda, saludable y digna” mientras se definen las eventuales responsabilidades.
La sentencia
valoró que la suma fija es suficiente para costear los gastos
básicos y los tratamientos neurológicos, psicológicos y
kinesiológicos, los insumos, remedios y traslados para la atención
médica, además de la contratación de personas idóneas que puedan
asistir a la adolescente en forma permanente. El fallo, además,
previó un sistema de actualización de la suma de acuerdo con el
proceso inflacionario.
En la
sentencia de primera instancia, como es normal en los procesos de
acción preventiva, se definió qué ocurrirá con estos pagos en el
futuro, según lo que se defina en el expediente principal. Así, si
prospera la demanda de daños y perjuicios que impulsa la familia y
se determina que los demandados son responsables de la mala praxis,
todo lo que hayan pagado anticipadamente se descontará de la
indemnización final. Sobre ese punto, la Cámara agregó un cómputo
de intereses para el eventual descuento. En cambio, si la demanda de
la familia no prospera, los demandados que hayan pagado la cobertura
preventiva tendrán derecho a iniciar acciones para pedir la
devolución.
24 noviembre 2024
Judiciales